Una sentencia judicial confirma la sanción económica ejemplar a un empresario, con residencia habitual en Madrid, que organizó una cacería ilegal en un coto de la Serra de Tramuntana. El cazador tendrá que pagar una multa económica de 14.000 euros y además se le retira el permiso de armas durante un periodo de tres años. La sanción inicial impuesta por el Consell de Mallorca era mucho más alta, fijada en 20.000 euros, pero el juez la ha reducido.

Los hechos se sitúan en el año 2014. El empresario madrileño mató de un disparo a un ejemplar de cabra salvaje balear, que es una especie que está protegida y cuya caza está muy limitada. El sancionado formaba parte de un grupo de cazadores, que se dedicaron a hacer publicidad a nivel internacional de la batida. De hecho, intentó que se otorgara un premio especial por abatir esta pieza protegida.

El Consell de Mallorca, al tener conocimiento de esta cacería en un espacio natural como es la Serra de Tramuntana y de su comercialización internacional, confirmó que el organizador de la batida no había solicitado ninguna autorización. La fotografía colgada en las redes sociales publicitando la muerte de la cabra confirmó que el ejemplar abatido era un ejemplar protegido.

El Consell consideró que la actuación del cazador era un hecho grave y por tanto le impuso la sanción más alta en este tipo de procedimientos administrativos. 

La sentencia detalla los límites que impone la administración para realizar las batidas de estos animales protegidos. La cabra que cazó el empresario de Madrid era un ejemplar autóctono, con una población muy limitada, y por tanto está muy protegida para mantener la especie. 

Según incide el juez, el empresario es propietario de una sociedad que se dedica a organizar cacerías en grupo. Una empresa que sigue en activo en estos momentos y que se publicita por distintos canales. La mayoría de sus clientes son extranjeros. La cacería por la que ha sido sancionado se realizó en un coto ubicado en la Serra de Tramuntana. Esta finca carecía de la autorización correspondiente para realizar este tipo de cacería de ejemplares autóctonos.

Ha sido el propio empresario el que ha propiciado que un juez se pronuncie sobre este asunto, al considerar que la sanción impuesta era ilegal. Alegó, entre otros aspectos, que el ejemplar abatido no correspondía a la raza protegida, sino que se trataba de una cabra común. Esta afirmación es desmontada por la sentencia, porque recuerda que el empresario publicitó la cacería, precisamente, con una fotografía con el ejemplar que se mató y que corresponde a un ejemplar protegido.

Aunque si bien el juez determina que la sanción impuesta responde a una decisión legal, considera que la multa es algo desproporcionada y la reduce.