El macrojuicio queda reducido a las actuaciones de dos policías locales

La macrocausa de corrupción ha quedado recortada hasta el extremo de que ya solo dos agentes de la Policía Local de Palma siguen acusados. Gabriel Mayol y Josep Mayans, miembros de la Patrulla Verde, siguen en el banquillo porque un empresario sostiene que llevaron a cabo inspecciones «continuadas e injustificadas» que provocaron el cierre de su negocio, Sa Trobada, situado en la calle Metge Josep Darder entre 2005 y 2011. Esta acusación particular, la única que queda, debe confirmar hoy si mantiene los cargos y qué condenas reclama por ellos.

Inicialmente, esta acusación pedía penas de prisión para Cursach, Sbert y cinco policías. Rebajó sus pretensiones tras la retirada de la Fiscalía y exculpó a todos excepto a Mayol y Mayans. En sus conclusiones provisionales se adhirió al relato inicial de la Fiscalía, el firmado por Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, y reclamó condenas de 6,5 y 9,5 años de prisión respectivamente para estos dos agentes, así como una indemnización de más de 500.000 euros.

Precisamente sobre esta compensación declaró ayer en el juicio un perito que elaboró un informe económico para cuantificar el perjuicio sufrido por el cierre del negocio durante seis años, que el Tribunal Superior de Justicia acabó declarando nulo. El experto señaló que incluyó en él «todos los gastos» que afrontó el empresario «para tener el negocio listo en caso de reapertura». Entre ellos enumeró el alquiler del local, la electricidad, la asesoría y el seguro de responsabilidad civil. «No hay ninguna pincelada de subjetividad», replicó sobre su informe a uno de los abogados que le preguntó sobre el contenido del documento.

Durante el juicio, varios testigos han asegurado que el establecimiento cometía numerosas infracciones administrativas y acumulaba una gran cantidad de quejas vecinales por ruidos y molestias, justificando así las intervenciones de la Patrulla Verde. Además, una clienta del establecimiento negó parte de las imputaciones contra los policías, como la de amenazar con colocar droga en el negocio para provocar su clausura.