La Asociación Memòria de Mallorca presentó el pasado lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de evitar la protección del monolito de sa Feixina. La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, indicó que confían que este recurso permita al Consell de Mallorca no tener que inscribir el polémico monolito como Bien Catalogado.
Hay que recordar que el Supremo ha dado dos meses al Consell para iniciar la catalogación y protección después de la resolución que desestimaba el recurso de Memòria de Mallorca. Una catalogación que la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Bel Busquets, aseguró que se tendría que realizar por «imperativo legal».
Oliver explicó ayer que «nuestro recurso de amparo al Constitucional se debe a que el Tribunal Supremo ha rechazado nuestro recurso, contra la protección impulsada por ARCA y los Vecinos de Santa Catalina, por defectos de forma y sin entrar en el fondo». «Nosotros no estamos de acuerdo con esta resolución, ya que presentamos el mismo recurso que ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y no vieron estos defectos de forma. Por ello pedimos amparo al Constitucional ante esta discrepancia entre tribunales», añadió Oliver.
En el caso de que el Tribunal Constitucional admitiese a trámite el recurso de Memòria de Mallorca se abriría una nueva vía judicial, pese a que desde el Supremo comunicaran al Consell que no cabían más recursos. Mientras el Constitucional evalúa el recurso de la entidad, el Consell podría tomar la decisión de esperar a catalogar el monolito hasta que se emita una resolución. Se podría dar el caso de que el Constitucional ordene al Supremo a entrar en el fondo de la cuestión
Asimismo, tanto desde el Consell de Mallorca como desde la propia Memòria de Mallorca no descartan acudir a los tribunales europeos. Oliver recordó que «tenemos informes de catedráticos de mucho prestigio que dicen claramente que se trata de un monolito franquista».
La presidenta de Memòria de Mallorca también discrepa de la descontextualización que realizó el ayuntamiento de Palma en 2010, con Aina Calvo de alcaldesa, para eliminar del monolito la simbología franquista: «Queda una cruz del nacional catolicismo para que sea vista desde el colegio construido por la República y la misma estructura del monolito es una simbología franquista».
