El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, avanzó ayer la intención del Gobierno de que «esté en vigor en los próximos meses» una nueva regulación del derecho a la información que dé más garantías al periodista en su potestad de no revelar las fuentes.
Bolaños avanzó ayer este proyecto durante un debate sobre la desinformación en el Ateneo de Madrid tras indicar que las organizaciones de periodistas han pedido regular de forma más amplia el derecho fundamental que asiste a los informadores profesionales, el cual es una premisa del derecho a la información veraz de los ciudadanos.
El ministro explicó que le parece «muy razonable» la reivindicación del sector de que no revelar las fuentes sea un derecho «con excepciones muy tasadas y muy específicas» y que no pueda quedar «al albur como en la legislación anterior».
«En eso estamos trabajando, para incorporarlo a la legislación vigente (...) en los próximos meses espero que esa regulación esté en vigor», indicó.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha recibido como «una buena noticia» que el Gobierno vaya a regular este derecho y considera que supondrá un «alivio» para los periodistas. «Que nos podamos acoger al secreto profesional es algo por lo que siempre hemos luchado, que no nos obliguen a revelar las fuentes. Este asunto cuando llega a manos de los jueces queda a su arbitrio y provoca discrepancias», dijo el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.
El presidente de esta federación profesional explicó que es un asunto en el que venían trabajando desde la FAPE, los sindicatos de periodistas, UGT y CCOO., «desde hace tiempo». En este sentido, confirmó que que han mantenido reuniones con el Ministerio de Presidencia y con la portavoz del Gobierno, por lo que celebró que se haya tenido en cuenta esta reivindicación de los profesionales de la información.
La vulneración del derecho constitucional que ampara a los periodistas tiene el precedente del llamado «caso móviles». Se trató de la primera vez en toda Europa que la Policía, con la autorización de un juez, ordenó a un periodista de Diario de Mallorca, que entregara su teléfono móvil con el único objetivo de localizar las fuentes que le proporcionaban información del caso Cursach. La Policía también incautó el teléfono y el ordenador a otra periodista de Europa Press, que se encargaba de informar del mismo caso. Los periodistas de casi todas las redacciones del país salieron a la calle para denunciar esta medida y para reivindicar el derecho a la protección de sus fuentes. Se hizo famosa la frase «el derecho no se toca» y se reivindicó que esta medida policial ponía en juega uno de los pilares democráticos.
