Unas sesenta personas, la mayoría de ellas delegados sindicales de los dos sindicatos convocantes, el de enfermería (SATSE) y el técnicos en cuidados enfermeros (USAE), se han concentrado hoy frente a la Clínica Juaneda y la Policlínica Miramar, ambas pertenecientes al grupo sanitario privado Juaneda Hospitales, para denunciar el, a su juicio, injusto convenio colectivo suscrito para el sector por los sindicatos UGT y CCOO.
Un convenio que en opinión del líder sindical autonómico de las enfermeras, Jorge Tera, ahonda en las desigualdades laborales existentes entre una profesional que trabaja en el Servei de Salut y otra que lo hace en el ámbito sanitario privado. Por todo ello, anticipa, reclamarán a la conselleria de Salud que audite las condiciones en las que las clínicas privadas tratan a los pacientes que, recordaron, les está derivando el departamento de Patricia Gómez a cargo de los impuestos de todos los ciudadanos.
«Mientras una enfermera del Servei de Salut tiene asignados como máximo a 7 pacientes con covid-19, una de la privada debe atender a dieciséis. Y durante esta pandemia no han dudado en mezclar patología covid con no covid», denuncia Tera lamentando que, a nivel general, mientras en la pública cada profesional soporta una ratio de 8 o 9 pacientes, en las privadas el número de enfermos a atender se eleva hasta los «veinte y pico. Lo normal es que las ratios se dupliquen en la privada, aunque tampoco es raro que se tripliquen», continúa el líder sindical.
Un convenio, dos liberados
El representante sindical de las enfermeras de Baleares denuncia que la firma de un convenio colectivo para el sector privado tan solo ha sido negociado por la patronal con los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, lo que a su juicio daría cobertura legal al texto pactado pero «muy poca legitimidad».
«Es cierto que ellos tienen la mayoría en la mesa negociadora, pero también lo es que entre ambos, USAE y SATSE alcanzamos el 35% de la representatividad. Pero el convenio lo han negociado a puerta cerrada y a nosotros solo nos llamaron para firmarlo. A cambio del acuerdo, UGT y CCOO han obtenido dos libertados sindicales más», denuncia Tera.
El convenio colectivo pactado contemplaba una subida salarial del cero por ciento para el año pasado, del 4,25% para este ejercicio y del 3,75% para 2023. «Se trata de una subida salarial del 8% en tres años, pero el convenio no contempla nada más, ni más ni personal ni ninguna otra cosa», lamenta el líder sindical.
Tera abunda en que a las nuevas incorporaciones de enfermeras, tanto como a las de los médicos, el sector sanitario privado de las islas les paga salarios más altos que los que están contemplados en el convenio recientemente firmado. «De otra forma no irían. A las enfermeras les pagan trescientos euros más de lo que marca el convenio pero lo hacen en concepto de productividad variable por lo que este incremento salarial no se llega a consolidar», deplora.
Tras las concentraciones de ayer en las clínicas de Juaneda Hospitales, hoy le llega el turno a las del grupo Quirónsalud, Palmaplanas y Clínica Rotger. Y el lunes de la próxima semana representantes de los dos sindicatos convocantes se concentrarán frente a los hospitales Sant Joan de Déu y Cruz Roja que, subraya el dirigente sindical, también se beneficiarán de las condiciones laborales acordadas pese a tratarse de centros sin ánimo de lucro que gozan de un convenio especial con el Servei de Salut.
Un 2023 de movilizaciones
Por todo lo expuesto, Tera asegura que, tras el paréntesis vacacional de las navidades, convertirán el próximo año en un ejercicio plagado de acciones para conseguir mejorar las condiciones laborales de los sanitarios que trabajan en el ámbito privado de este archipiélago.
Así, aparte de reclamar a Salud que audite la asistencia prestada a los usuarios en estas clínicas, pedirán al Colegio Oficial de Enfermería (COIBA) que haga lo propio con el presunto intrusismo profesional que denuncian que también se estaría dando. Y Tera tampoco descarta judicializar el no reconocimiento del solape enfermero (tiempo que dedica una profesional a informar a su sustituta en un cambio de turno a qué pacientes deben controlar más estrechamente), un tiempo real de trabajo que puede alcanzar hasta las cien horas anuales, cuantifica.
