El Govern balear ha aprobado hoy el registro de personal sanitario que sea objetor a la hora de practicar la eutanasia, subrayando que éste no va a tener un carácter público y se va a mantener la confidencialidad respecto a la identidad de los que se inscriban en él. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha puesto de relieve que esa objeción se ha podido ejercer hasta ahora sin problemas, pero ha destacado que de esta forma se elevan las garantías para los profesionales que no deseen participar en la aplicación de la eutanasia.
En este registro podrán inscribirse médicos, enfermeros, psicólogos y personal de farmacia.
En concreto, el Gabinete de la presidenta Francina Armengol ha aprobado el decreto regulador de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de la Ayuda para Morir y del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia de la eutanasia de Balears.
Este texto modifica y complementa la regulación vigente hasta ahora y sustituye el decreto que se aprobó en mayo de 2021, que no contemplaba el registro de objetores. En cualquier caso, Iago Negueruela ha hecho hincapié en que esta objeción se ha podido ejercer hasta este momento sin ningún impedimento.
La inscripción o la baja en este registro tienen carácter voluntario y se pueden solicitar en cualquier momento. Otro aspecto sobre el que se ha insistido es que se somete al principio de «confidencialidad estricta», de forma que no se pueden hacer públicos los nombres que aparezcan en él.
Por lo que respecta a la citada comisión de garantía, se abre la posibilidad de incrementar el número de sus miembros y de ampliar los perfiles profesionales.
Material ortoprotésico
Por otro lado, el Consell de Govern celebrado hoy ha ampliado para 2023 la prestación de productos incluidos en el catálogo de material ortoprotésico del Ib-Salut, por un importe de 1,7 millones de euros.
Eso permite a los pacientes adquirir en los establecimientos que cumplan una serie de requisitos el citado material, que suele ser muy costoso, cuando ha sido prescrito por facultativos del Ib-Salut, y luego reclamar que se le devuelva el importe que ha pagado por él.
En este sentido, se reconoce que la adquisición de estos productos puede provocar un desequilibrio en las economías familiares.
Por ello, ahora se fija que la cuantía máxima prevista que se destinará a las prótesis es de algo más de un millón de euros, mientras que la cantidad para las sillas de ruedas asciende a los 680.000.
Desde el Ejecutivo autonómico se ha recordado la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario público y de proteger la salud de los ciudadanos.
