El Senado aprueba una moción del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal propuesta por Més per Mallorca y refrendada por el PSOE en la que insta al Gobierno a buscar el marco legal que permite la limitación de venta de viviendas a no residentes en Balears. Concretamente, el texto dice «colaborar con el Govern de las Illes Balears en el análisis de alternativas a la situación actual de adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes en los territorios insulares, comparando las experiencias similares en el ámbito europeo e internacional y valorando la aplicabilidad de las mismas en nuestro entorno».
También reclaman el impulso de «mecanismos de participación» en la gestión de los aeropuertos de Balears y Canarias con los gobiernos autonómicos, además de un pacto europeo que tenga en cuenta «las especificidades de los territorios insulares y que establezca una agenda insular europea» con el objetivo de concretarla durante la presidencia española de la Unión Europea en 2023.
El senador de Més, Vicenç Vidal, celebra la noticia porque supone llevar al PSOE al «campo realmente proteccionista y preocupado por la situación de agotamiento y de haber traspasado todos los límites de crecimiento», y reivindica que es «una victoria en toda regla y un hito capital para la regulación de la vivienda en Balears».
El candidato de los ecosoberanistas al Govern, Lluís Apesteguia, expresa que esta moción supone «situar el problema de la vivienda dentro de la agenda política del Estado Español y hacemos entender al Gobierno que tenemos una problemática específica y, por lo tanto, necesitamos soluciones específicas».
El senador socialista Cosme Bonet insiste en que el objetivo es «siempre luchar contra la especulación y garantizar el acceso a vivienda»: «Hemos tenido que rebatir el mensaje catastrofista de la derecha y recordar que en Balears hemos tenido 600.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social».
Por su parte, la senadora del PP María Salom acusó a la izquierda de llevar 8 años gobernando en Baleares «en los que han sido incapaces de adaptar las infraestructuras al aumento de población, plazas turísticas y vehículos de residentes».
