Las dos magistradas que se enfrentan a sus tres compañeros no han querido mantenerse al margen de esta polémica sobre el porcentaje de enseñanza de castellano que debe existir en los institutos públicos. Las juezas Frígola y Ortuño sí creen que se debería aceptar esta medida cautelar, porque puede darse la circunstancia de que la demanda se resuelva cuando esta alumna ya haya terminado sus estudios de Bachillerato, por lo que esta resolución judicial ya no tendría sentido.

Las magistradas se muestran especialmente críticas con la conselleria de Educación, que ni siquiera contestó al padre cuando solicitó un cambio en la política lingüística del instituto al que acude su hija. Y cuestionan que la Conselleria ni siquiera haya informado al tribunal sobre qué otros centros educativos de enseñanza secundaria podrían satisfacer las exigencias que solicita este padre. Entrando de pasada en la polémica las dos juezas recuerdan que el interés general reside en que los alumnos terminen sus estudios con un buen dominio, tanto de la lengua castellana, como de catalán. Y por tanto, si se aumentan las horas de castellano se obtendría un mejor conocimiento de esta lengua.