La Fiscalía ha agotado su lista de testigos en el juicio del caso Cursach sin apuntalar los cargos por los que todavía reclamando condenas de hasta diez años de cárcel para 16 acusados por la trama de corrupción. Las 64 personas que han declarado a petición del ministerio público apenas han aportado pruebas contra ellos y algunas han acabado siendo un lastre. La mayoría se ha movido entre la amnesia, las conjeturas, la imprecisión y los desmentidos de sus propias declaraciones en instrucción con denuncias de presiones y manipulaciones contra Penalva y Subirán, alentadas en ocasiones por los propios fiscales en su interrogatorio. Algunos sí han narrado episodios concretos de acoso y extorsión a algunos locales y tratos de favor a los de Cursach, pero el propio ministerio público considera «inútil» su versión y las defensas han sembrado importantes dudas sobre las identificaciones de los policías a los que señalaron en instrucción, cuyos reconocimientos fotográficos no están incorporados al procedimiento.

Vista de la sala donde se celebra el juicio, en la Audiencia Provincial de Palma. | MANU MIELNIEZUK

Una de las piezas claves de la acusación se cayó a las primeras de cambio. La inspectora del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que elaboró en su día informes sobre las corruptelas de la Patrulla Verde de la Policía Local para favorecer a los negocios de Cursach apeló durante las seis horas de su declaración a su desmemoria para no detallar sus imputaciones. «No lo recuerdo», repitió hasta la saciedad la testigo, implicada en la causa abierta en el TSJB por las supuestas irregularidades en la investigación. Desquició al tribunal, que consideró «inaudita» su actitud y la situó al borde de una imputación por falso testimonio al entender que podía estar ocultando información.

Los dueños de los negocios que denunciaron en su día inspecciones arbitrarias y sanciones injustas por parte de la Patrulla Verde han ratificado que los agentes acudían con mucha frecuencia a sus negocios. Casi todos empezaron sosteniendo que disponían de todos los permisos y licencias en regla para acabar admitiendo, con las defensas empleándose a fondo con abundante documentación, que cometían irregularidades o ni siquiera sabían qué tipo de autorización tenían. Uno de estos testigos acabó expulsado tras increpar al tribunal y otro se marchó con una multa de 500 euros por enviar «a tomar por culo a todos». Llamativa ha sido la insistencia de los fiscales para que reconocieran que sus negocios no competían con los de Cursach, con suerte dispar.

Bartolomé Sbert, número dos del grupo Cursach, llega al juicio. MANU MIELNIEZUK

Del magnate se ha hablado mucho, pero nadie le ha atribuido ningún hecho concreto. La responsabilidad de las supuestas maniobras para tener bajo control a la Policía Local recaía en su número 2, Bartolomé Sbert. A él lo han situado en el despacho del entonces jefe del cuerpo, Joan Miquel Mut, para que se modificara un acta contra uno de sus locales en s’Arenal. Un cambio que la propia Fiscalía ya deslizó con sus preguntas que se debía a un error de los agentes que la levantaron. Otros han relatado que la Policía Local se cebó con ellos tras recibir amenazas y coacciones de Sbert, convencidos de que las actuaciones policiales obedecían a instrucciones de Cursach. «El tribunal solo valora datos y hechos objetivos», han insistido las magistradas sobre estas suposiciones.

Bartolomé Sbert, mano derecha de Cursach, a las puertas del Palacio de Justicia. B. RAMON

Varios policías han señalado que presenciaron actuaciones sospechosas tanto de la Patrulla Verde como del GAP. Entre ellos, el aviso de una inspección policial en la discoteca Tito’s, la desaparición en comisaría de las actas que levantaban contra negocios de Cursach y las vigilancias que realizaban en locales del empresario. De las preguntas de los fiscales a estos testigos se desprende que tampoco aprecian en estos hechos conductas delictivas.

La sombra de Penalva y Subirán

En otro bando, más numeroso, varias decenas de policías que en su día relataron irregularidades en el cuerpo y señalaron a compañeros -así consta en sus declaraciones- se han desdicho en el juicio de estas acusaciones. Según han contado, el fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva los guiaron, manipularon y amenazaron para incluir hechos falsos y firmaron su declaración sin leerla. También varios de los testigos protegidos -protección que el tribunal decidió levantar antes de su declaración- se han retractado de los graves delitos que contaron en instrucción, como el cobro de sobornos. Sus desmentidos han dejado en papel mojado aquellas comparecencias, sostén de buena parte de las imputaciones.

Con estos mimbres, a partir del próximo martes empiezan a declarar la treintena de testigos propuestos por los empresarios que se han personado como acusación particular.