El Consell de Govern ha aprobado hoy el decreto ley de medidas urgentes para compensar la inflación en los residentes en Balears y ayudar a las familias ante el aumento de precios provocado por la guerra de Ucrania. Se trata del nuevo escudo social del Govern, con el cual se responde a las necesidades de la ciudadanía en materia social, de ocupación, de energía, de vivienda, de educación o de conciliación. Son las medidas anunciadas durante el debate de política general por parte de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y que ascienden a 200 millones de euros.

La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha comparecido después del Consell de Govern para explicar las ayudas, junto al vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera de Función Pública, Mercedes Garrido. Fina Santiago ha comentado que quieren que la tramitación de las ayudas, en especial las de carácter social, "sea fácil y no se formen colas". Por este motivo, ha anunciado que el subsidio a los parados, de 300 euros en el caso de recibir una prestación contributiva y de 600 euros en el caso de un subsidio de desempleo, se pagarán de forma directe. En concreto se realizará un único pago entre los meses de febrero y marzo mediante un convenio del Govern con el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).

En el caso de las ayudas que precisan partida presupuestaria específica entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023, cuando están en vigor los presupuestos del Govern. Es el caso de los avales a las hipotecas para residentes con más de cinco años en las islas o las prestaciones sociales. Las matrículas universitarias o las deducciones en materia educativa, como es la educación de cero a tres años, se prevé que en breve salga la convocatoria para inscribirse por parte de la conselleria de Educación.