Más de 850 personas sin hogar han sido atendidas por entidades sociales de la Iglesia este último año en Mallorca. Los organismos que integran la Patronal Caritativa y Social del Bisbat de Mallorca llevaron a cabo un acto ayer en la Plaza de España de Palma para sensibilizar sobre los ciudadanos que se encuentran en la calle y hacer visible la «vulnerabilidad extrema» en la que viven.
Bajo el lema Fuera de cobertura: No permitas que queden fuera, y para celebrar el Día Mundial de las Personas sin Hogar, que se conmemora el próximo 30 de octubre, la iniciativa denuncia la falta de acceso a derechos y, sobre todo, la desprotección social que sufren estas personas.
La técnica de Vivienda y Personas en situación de calle de Càritas Mallorca, Teresa Riera, presentó el acto con la lectura de un manifiesto, en el que demandó la ayuda de la sociedad y de las políticas públicas para cambiar estas situaciones. «Nuestra campaña arranca desde la esperanza y convicción de que es imprescindible continuar trabajando para que todas las personas puedan acceder a sus derechos y sigan incluidos en la vida social y comunitaria», señaló Riera.
El objetivo es visibilizar la realidad que sufren las familias ‘sin techo’, puesto que se están quedando al margen de las relaciones sociales, del espacio público normalizado, del acceso al derecho a la vivienda, de una ocupación digna y de protección social, recordó Riera.
Además, Toni Moyà, director de la Fundación Social La Sapiència, apuntó que la situación ha empeorado desde la pandemia. Al colectivo ya existente se le ha sumado un nuevo grupo de excluidos que no ha podido recuperar su estabilidad. Las causas de esta situación se deben a la subida del precio de la vivienda, a la inflación, a las ayudas sociales que no cubren el pago de un alquiler y a la falta de plazas residenciales para la gente mayor, según informó Moyà.
La reivindicación de las entidades que cooperan con las personas sin hogar es muy clara: «La situación es de emergencia y el horizonte no es positivo, por lo que se necesitan más pisos de acogida para los diferentes colectivos». Esto lo indicó Jaume Alemany, delegado de Pastoral Penitenciària, quien recordó que la Administración tiene que poner recursos para reconducir la injusta situación con la que se han encontrado estos individuos.
La Iglesia también participó en esta demanda, e hizo hincapié en el deber social de dar voz a aquellos que no son escuchados y de poner al alcance de los más vulnerables los recursos necesarios para subsistir de manera digna.
A través de diferentes servicios, se atendieron, en el último año, a 852 personas y se dieron ayudas económicas a 995 individuos para que pudieran hacerse cargo del pago de suministros y alquileres. Esto supuso una inversión de 206.000 euros por parte de Càritas Mallorca, según Moyà. Además, señaló que esta cifra «podría ser todavía más alta» de cara al futuro.
En el mismo colectivo, cada uno tiene su propia realidad. Algunos se encuentran sin hogar por problemas de salud; otros han salido de la cárcel de forma definitiva y no saben qué hacer o tienen permisos penitenciarios, pero no tienen una casa en la que residir; otros son mayores de 65 años con un cierto grado de dependencia, pero no pueden acceder a ninguna residencia, ni pública ni privada, e incluso familias enteras que no pueden pagar el alquiler de una vivienda.
En el evento de ayer, tres personas contaron su historia. Entre estos testimonios se encontraba Joana Corpas Real, mujer de 58 años que vivía en Mahón, pero que por una infección pulmonar la trasladaron al Hospital Joan March de Bunyola; cuando le dieron el alta, se encontró sin piso y sin trabajo.
Luis Murillo, hombre de 52 años, al que le diagnosticaron esquizofrenia de joven, contó algunos detalles de su vida que le empujaron a la bebida y al juego, lo que le llevaron a quedarse en la calle.
Pepe Alemany, jubilado que cuenta con una pensión de, aproximadamente, 700 euros, no puede pagar el alquiler de una vivienda ni acceder a una residencia privada, por lo que también se encuentra en la necesidad de acudir al centro de acogida.
La campaña tiene previsto un acto el 5 de noviembre, en la Basílica de San Miquel, para visibilizar la causa y una comida popular de paella para personas sin hogar el 17 de diciembre en el Parc de la Mar.
Joana Corpas: «Al salir del hospital, me encontré sin piso ni trabajo»
Joana Corpas Real, mujer de 58 años que fue diagnosticada de EPOC, enfermedad pulmonar que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones y que, en consecuencia, dificulta la respiración. Vivía en Mahón, pero una infección pulmonar la dejó en coma. La trasladaron al Hospital Joan March de Bunyola, donde se encontró «sin hogar y sin trabajo». En 2011 llegó a la fundación. «Hay mucha gente como yo: sin trabajo, con pensiones muy bajas y con algún tipo de enfermedad que no pueden pagar los altos alquileres»
Luis Murillo: «Bebía y jugaba a la vez que me tomaba la medicación»
Luis Murillo, hombre de 52 años, al que le diagnosticaron esquizofrenia de joven, se divorció a los dos años de casado. Por ese entonces, trabajaba en un restaurante, donde empezó a beber, según cuenta. Al separarse, se fue a vivir con su padre, que murió hace siete años. «Ahí mi cabeza explotó e hizo barbaridades». Todo esto le empujó a la bebida y al juego. Se vio sin casa y acudió a la fundación. «Somos unas 150 personas compartiendo espacios: comedor, baños, etc. Ahora somos dos en el cuarto, pero hemos llegado a ser hasta ocho».
Pepe Alemany: «Con mi pensión no puedo pagar el alquiler de una casa»
Pepe Alemany, jubilado que cuenta con una pensión de, aproximadamente, 700 euros, no puede pagar el alquiler de una vivienda ni acceder a una residencia, puesto que «las privadas más baratas están por 1.500 euros y las públicas solo acogen a personas con un grado tres de dependencia o un grado dos si están en hospitales». Debido a esta situación, vive en Casa de Familia: «De momento yo estoy bien y me esfuerzo por no dejar entrar al viejo por la ventana, pero me preocupa mi situación en el futuro».
