La lista de episodios insólitos del caso Cursach engordó este jueves con la expulsión de un testigo durante su declaración en el juicio tras increpar al tribunal. El hombre, antiguo dueño de un local nocturno en Gomila supuestamente acosado por la Policía Local, se enzarzó con varios abogados defensores y acabó acusando a las magistradas de tratarle «como a un delincuente». Tras un bronco enfrentamiento con la presidenta, Samantha Romero, la jueza lo echó. El testigo se marchó gritando «¡delincuentes!» a varios de los acusados y dando un sonoro portazo.
El grave incidente se coció a fuego lento durante la declaración del testigo, Samuel Martínez, propietario del local Mi Botellón a partir de 2008. Empezó señalando con el dedo a cuatro de los policías acusados, a los que consideró «enemigos» por haber participado en las inspecciones que considera injustas y encaminadas a hundir su negocio. Tanto el fiscal como las defensas intentaron evidenciar que las actas policiales y las posteriores sanciones se debían a graves anomalías e irregularidades y quejas vecinales. El testigo admitió no tener muy claro qué licencias precisaba, pero insistió en que «todo estaba en regla» y que los policías «se inventaban» las deficiencias. Una situación que se prolongó «cada día durante cuatro años».
El testigo acabó estallando cuando una de las defensas le preguntó: «¿Cómo sabe usted que lo tenía todo legal si ni siquiera sabía lo que era una licencia de café concierto?». «¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo tenía un tocho con toda mi documentación legal», respondió. El letrado dijo no tener más preguntas, pero el testigo siguió: «No va bien, caballero. Es que es muy fuerte...», le espetó.
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, le llamó la atención. «La dirección del juicio me corresponde a mí, y usted está aquí para contestar preguntas, no para hacerlas ni para discutir con los abogados», le indicó. «Yo no tengo que discutir porque no me he metido con nadie. Esas personas [los acusados] me amargaron la vida, perdí mi casa, mi hogar... A día de hoy no tengo nada a mi nombre. Me han arruinado la vida. Solo quiero no verlos nunca más», proclamó. Romero volvió a pedirle que se callara y se limitara a responder preguntas. Y el testigo arremetió contra ella. «¡Pues no me trate como si fuera un delincuente, porque no lo soy!», bramó. «¡Los delincuentes están ahí detrás!», insistió señalando a los acusados.
«Perdone, esa apreciación sobra», le reprochó entonces la jueza. «¡No sobra!», replicó el testigo. Y la paciencia de Romero se colmó ahí. «¡Fuera de la sala!», le repitió en cinco ocasiones anunciándole su expulsión. De camino a la salida, Martínez lanzó su última proclama: «Vale, perfecto. Estoy preocupado yo... He dicho la verdad. Me voy a mi casa y ni me llamen para interrogarme porque no voy a volver. ¡No quiero volver a ver a estos delincuentes, que es lo que son, unos delincuentes. Y que quede grabado!». Se fue dando un portazo, mientras el tribunal se afanaba en pulsar el botón para cortar la emisión del juicio a través de Internet e interrumpir la sesión.
Otro testigo, al que hubo que llamar porque se había olvidado de que estaba citado al juicio, acusó también a la Patrulla Verde de hacer inspecciones «injustas» en su local del Paseo Marítimo, pero acabó admitiendo irregularidades en su licencia.
Denuncias a la competencia
También declaró la persona que presentó «más de 20 denuncias» contra la discoteca Level, quien reconoció haber cobrado por ello del Grupo Cursach. Explicó que su amigo Fernando Pareja, abogado y empleado de Cursach, le explicó que Level «hacía competencia desleal» a Tito’s y le pidió que presentara las denuncias. «A mí las injusticias me hierven», aseguró. En su declaración en instrucción consta que cobró 3.000 euros por estas denuncias, pero ayer dijo que esa cifra «fue un ejemplo». «Me pudieron dar 300 o 500 euros», afirmó, justificando estos pagos por los «gastos» que afrontó al presentar estas quejas. Además, añadió que sus palabras fueron «distorsionadas» por Penalva y Subirán y que todas las irregularidades de Level que denunció eran «ciertas».
Otros dos testigos, agentes de la Policía Local de Palma, afirmaron que cuando declararon en el juzgado de instrucción tenían «miedo» y uno de ellos dijo que el juez y el fiscal «montaron un relato cambiando el sentido» de sus palabras.
