Los abogados de Baleares han decidido plantarse ante la grave situación de retraso que padece la justicia en las islas. Una situación que es casi genérica en todas las jurisdicciones, pero que en algunas de ellas la situación de colapso empieza a ser muy preocupante. Y esta acumulación de expedientes por resolver no se debe a que los jueces trabajan poco, sino todo lo contrario. El problema se debe a que son tantas las demandas que presentan los ciudadanos que en estos momentos es imposible que un juzgado asuma tanta carga de trabajo.
La situación más preocupante afecta a la jurisdicción contencioso-administrativa. En Palma hay tres juzgados que resuelven todas las demandas que presentan los ciudadanos contra la administración. Son juzgados de primera instancia y en los tres se ha incorporado un juez de refuerzo. Sin embargo, la solución provisional que se ha acordado sigue siendo insuficiente. Son tantos los casos que están pendientes de resolver que el juzgado está fijando la fecha del juicio para el año 2025, es decir, para dentro de tres años. Si la situación continúa igual, un ciudadano que entiende que ha sido injustamente tratado por la administración y pretende presentar una demanda, con suerte, tendrá que esperar una media de cuatro años para conocer el resultado. Es el tiempo entre que se presenta dicha demanda, se fija el juicio y el juez dicta sentencia. Si además, se decide recurrir la decisión del juez porque no se está conforme, el plazo de tiempo de espera es mucho mayor.
Esta situación también se está produciendo, aunque con menos gravedad, en la jurisdicción social y se teme que pueda extenderse a los juzgados mercantiles. La media para resolver una demanda de despido supera en estos momentos los dos años de espera.
Los que más padecen esta falta de medios de los juzgados, por falta de personal, son los ciudadanos, pero este problema también afecta de una forma muy especial a los abogados.
El Colegio de Abogados de Baleares ha reaccionado ante esta situación, tras las constantes denuncias planteadas por los letrados. Por ello ha enviado un escrito de queja formal al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para denunciar esta situación insoportable de retraso. Es una denuncia que tiene un cariz casi simbólico, porque no depende precisamente de los abogados que esta situación se resuelva. Depende de los medios que ponga a disposición de los juzgados afectados el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Esta queja, firmada por el decano Martín Aleñar, fue analizada por los integrantes de la Sala de Gobierno del TSJB, que reconocen el problema que padecen estos juzgados de lo contencioso.
Cada uno de estos tres juzgados cuenta con un magistrado de refuerzo. Es decir, son dos los jueces que se encargan de estudiar y resolver las demandas contra la administración. Tras la pandemia el trabajo ha ido en aumento, porque estos juzgados están recibiendo los recursos contra muchas de las sanciones impuestas por el incumplimiento de las medidas para controlar los contagios.
Este refuerzo de un juez más en cada juzgado se está realizando desde principios de año, pero la realidad está demostrando que la solución sigue siendo insuficiente. Y los responsables de la organización judicial de Palma lo saben. La juez decana Sonia Vidal ha analizado la situación con los magistrados titulares de cada uno de estos juzgados y la única solución inmediata que se puede adoptar es pedir un refuerzo suplementario. Además, van a exigir que los tres refuerzos que existan en estos momentos se mantengan por un tiempo indeterminado, al menos hasta que la situación se vaya normalizando.
En Madrid también conocen de sobre el problema que padece la jurisdicción contenciosa administrativa de Palma, porque los jueces están cansados de transmitir los problemas que están sufriendo. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la creación de un cuarto juzgado en Palma, que posiblemente ya nazca con una gran carga de trabajo. Pero no solo se trata de crear un nuevo juzgado, sino que hay que encontrar unas dependencias adecuadas. En principio está previsto que entre en funcionamiento el próximo año.
