Educación propone a la concertada mejoras económicas y laborales
El acuerdo recupera las medidas pendientes del Acuerdo de 2016, que se interrumpieron en el 2019
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La Conselleria de Educación y Formación Profesional presentó ayer viernes en la Mesa de la Enseñanza Concertada una serie de propuestas tanto económicas como laborales en el contexto de un nuevo Acuerdo Marco de Mejora (2023-2027).
Según informaron el departamento que dirige Martí March, el acuerdo recupera las medidas pendientes del Acuerdo de 2016, que se interrumpieron el 2019, e incorpora nuevas medidas que van más allá de las puramente socioeconómicas.
Entre las medidas, Educación propone un incremento retributivo 2022 y 2023 en los mismos términos que se acuerden en la mesa de función pública para los empleados públicos.
Por su parte, el abono de la paga de 25 años de antigüedad para el profesorado jubilado que haya meritado el cobro, con la calendarización que se acuerde, y de la cual se tendrán que descontar los importes cobrados en concepto de sexenios a partir del segundo sexenio (se excluye el primero), que tendrán la consideración de pago por anticipado de la paga de 25 años (enero 2023).
En cuanto a los centros, se propone un incremento del módulo de gastos de funcionamiento en un millón de euros el año 2023 y negociación durante el curso 2022-2023 de los incrementos de los años 2024 a 2027 con el objetivo de asegurar la viabilidad económica de los centros y financiar de manera suficiente los gastos que sean imputables al concierto educativo, según lo establecido en la legislación vigente, de forma que se garantice la prestación del servicio de educación en condiciones de gratuidad.
Según han recordado, el acuerdo de 2016 supuso una mejora significativa de las condiciones sociolaborales del profesorado de la enseñanza privada concertada y, además, desde 2016 se han firmado otros acuerdos de mejora no previstos inicialmente, como los de las jubilaciones parciales o el incremento de la dotación básica de profesorado de atención a la diversidad y la asunción de determinadas indemnizaciones por despido por la entrada en vigor de la reforma laboral.
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