El anuncio de Pedro Sánchez el pasado lunes, día 3, durante su visita a la empresa Carob de Marratxí, de que en los presupuestos de 2023 el Gobierno impulsará las bonificaciones de la parte fiscal que beneficiarán a Balears, ha causado malestar en las islas Canarias.
Así, desde la patronal canaria ofrecieron diversos argumentos por los que consideran que el Gobierno central no debería igualar a Canarias y Balears, «tan dispares en riqueza, paro y lejanía de la península», a la hora de conceder los incentivos fiscales. Entre ellos, el hecho de que la renta per cápita de Balears en 2019 -el último año de normalidad económica- fuera de 28.522 euros y el PIB per cápita de Canarias, de 21.387 euros, es decir, un 25% inferior al del archipiélago mediterráneo. Por otro lado, argumentaron que el archipiélago balear está a 87 kilómetros de la península desde su punto más cercano, y Canarias, a 1.701 kilómetros, por lo que se trata de una de las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europa, que se caracterizan por su lejanía y por sus dificultades para generar economías de escala y captar inversión, lo que se traduce, aseguraron, en mayores niveles de desempleo y bajos salarios.
El malestar en la patronal de la región se centró en que el archipiélago balear disfrutará desde el próximo año de uno de los principales incentivos a la inversión empresarial con que cuenta Canarias, insistieron, un instrumento tributario cuya finalidad -como la del Régimen Económico y Fiscal (REF) en su conjunto- es la de paliar los condicionantes que frenan el desarrollo socioeconómico de las islas. Así, los presupuestos generales del Estado para 2023 incluyen una Reserva para inversiones en Balears, una de las grandes demandas del Govern balear de Francina Armengol, que desde la patronal consideran que se sitúa en los mismos términos que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
Y para reafirmarlo aludieron a los presupuestos presentados el jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en concreto a la disposición adicional que define las particularidades del Régimen fiscal especial de Balears, y que en su cuarto punto establece que «los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades [...] tendrán derecho a la reducción en la base imponible de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en las Illes Balears, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones». Desde la patronal canaria indicaron que es casi el mismo párrafo que encabeza el artículo 27 de la ley del REF, el correspondiente a la RIC, pero que, no obstante, lo importante para la patronal estaba contenido en otro párrafo: «La reducción a que se refiere el número anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90% de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en las Illes Balears», es decir, que las empresas baleares tendrán desde el próximo 1 de enero el mismo límite -90%- que las de Canarias.
«Balears no es una RUP»
El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, aprovechó el encuentro con el ministro José Luis Escrivá para trasladarle su preocupación al Gobierno de Canarias. En primer lugar porque la patronal duda de que conceder a Balears una reserva para inversiones en los mismos términos que la de una RUP tenga encaje en el reglamento comunitario de ayudas de Estado, un reglamento del que Canarias y las restantes Regiones Ultraperiféricas están exceptuadas -en líneas generales- justamente por sus singularidades y debilidades. Y en segundo lugar, ahondó el representante de la CEOE-Tenerife, porque aun cuando sea legal, consideró que se menoscaba el valor de la RIC, con lo que habría entonces que mejorarla para devolver a Canarias un mayor incentivo. «Si tuviera encaje jurídico, que está por ver, habría que modificar al alza el incentivo en Canarias», agregó Alfonso. Y no por capricho ni por agravio a Balears, expuso por su parte el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, sino porque, de lo contrario, la agraviada sería la Comunidad Autónoma, e insistió en que «Balears no es una Región Ultraperiférica».
Este malestar dejó en segundo plano en Canarias el análisis de las distintas partidas de los presupuestos generales del Estado, ya que la concesión de Sánchez a Balears se produce con el archipiélago aún esperando a que el Gobierno central atienda a sus demandas para la mejora del REF. Así, los promotores del Manifiesto en defensa de este Régimen Económico y Fiscal lamentaban ayer la rapidez con que se ha equiparado a las dos comunidades frente a la lentitud, aseguraron, para mejorar el de Canarias, «algo que llevamos dos años pidiendo».
