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Batalla fiscal

La guerra fiscal entre autonomías aleja a Baleares de mejorar su financiación

Ante el anuncio de regiones gobernadas por el PP que eliminan o rebajan impuestos, el archipiélago, uno de los territorios desfavorecidos por el actual reparto de recursos, ve como se complica la reforma con la que espera mejorar

Francina Armengol y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, en el Consolat. CAIB

La guerra fiscal desatada entre autonomías, liderada por Madrid y Andalucía y a la que ahora se han sumado Murcia y Galicia, todas gobernadas por el PP, perjudica a las aspiraciones de Balears de mejorar su situación en el reparto de fondos destinados a servicios públicos esenciales procedentes del actual modelo de financiación estatal de las regiones, de las inversiones estatutarias y el Régimen Especial de Balears (REB). 

Para el economista Carles Manera la cuestión de fondo estriba en que comunidades que suprimen o rebajan impuestos, como el caso del que grava el patrimonio en las anteriormente citadas, reclamarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera más dinero para cubrir precisamente esos servicios al haber dejado de ingresar dinero por abolir esos tributos. «Es de una enorme insolidaridad con el resto de regiones», advierte. Para el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, es evidente que la situación actual puede «perjudicar» a Baleares y a otras regiones que mantienen el impuesto. «No tiene ningún sentido entonces que las que mantienen los tributos transfieran recursos a los que los eliminan. En esta deriva, que es ideológica, lo único que se está haciendo es cuestionar el sistema de armonización fiscal del Estado», opina el economista menorquín. «Madrid aún puede eliminar el impuesto de patrimonio porque sus necesidades de gasto las tiene cubiertas por la capitalidad del Estado, pero no es el caso de Andalucía, cuyas necesidades de gasto las cubrimos entre todos y, por supuesto, Balears, que es una de las que más aporta. Lo que está pasando es un insulto a la inteligencia», considera.

Aunque la financiación autonómica no se tendría que ver afectada en principio en su dimensión técnica por el retoque del impuesto de patrimonio en las comunidades del PP (la candidata popular balear, Marga Prohens, también ha anunciado que lo abolirá si gobierna), sí lo hace respecto al debate de fondo porque deja al descubierto la contradicción de que esas regiones llevan tiempo solicitando más fondos estatales para cubrir los servicios públicos que prestan mientras anuncian que reducirán su capacidad de recaudación. 

Sólo para hacerse una idea de cómo podría afectar la batalla fiscal a las islas, que podría ver cómo se alejan sus aspiraciones de mejora en cuanto a la llegada de recursos de Madrid, hay que subrayar que en las previsiones del sistema de financiación autonómica de este año las islas recibirán a cuenta menos fondos que el año anterior. Según datos del Ministerio de Hacienda, serán un total de 2.148 millones de euros, lo que supone unos 1.754 euros per cápita. Será la región que menos reciba a cuenta este año contemplando su población. Aunque con las liquidaciones finales con las comunidades -que se hacen dos años después- siempre hay una corrección de esa cantidad en las islas porque siempre se superan las previsiones de lo que se cree que ingresarán en impuestos. Hasta agosto, de esos 2.148 millones, el Estado ya ha entregado al archipiélago 1.423 millones.  A esa cantidad hay que sumarle los 525 millones adicionales de la liquidación de 2020, por lo que en 2022 llegarán desde Hacienda a la comunidad 2.673 millones. El ministerio ya ha anunciado que Balears recibirá en 2023 una cifra récord del sistema de financiación: 3.350 millones de euros. 

En 2019, Balears era la segunda comunidad que más aportaba al Estado detrás de Madrid y estaba en la novena posición a la hora de recibir. Carles Manera asegura que la comunidad ha mejorado en posición en cuanto a la percepción de recursos «y ya está por encima de la mitad de la tabla según las últimas investigaciones del CSIC».

Asimismo, Madrid, Balears y la Comunidad Valenciana son las tres únicas autonomías que aportan dinero neto a los fondos de garantía y de suficiencia, que son los que se destinan a solidaridad con otras comunidades. 

Atender a la población flotante

En cuanto a las negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica (caducada desde 2014), en cuya mesa está cómo se calcula la población ajustada de cada territorio, el Govern balear ya expresó que propondría que se tuviera en cuenta a la población flotante, además del principio de ordinalidad y más soberanía fiscal. De todos modos, la cercanía de los próximos procesos electorales hace inviable la aprobación del nuevo sistema esta legislatura. Y si por poco fuera, este nuevo desencuentro fiscal entre los territorios dificulta aún más que se pueda avanzar en lograr un acuerdo entre las distintas comunidades.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reaccionado esta semana a la ofensiva fiscal lanzada por el PP y defendió abiertamente una armonización de los impuestos transferidos a las comunidades para evitar una competición por captar contribuyentes entre territorios. Se posicionó a favor de imponer un tope máximo común a las bonificaciones y evitar así el denominado dumping fiscal. Se mostró partidaria de frenar la competencia fiscal a la baja que realizan los gobiernos de Madrid o Andalucía con medidas como establecer una horquilla en la que deberían moverse los gobiernos autonómicos a la hora de bonificar impuestos transferidos. Montero también desveló que está trabajando para que haya una mayor aportación al fisco de las grandes fortunas mediante un impuesto.

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