La patronal PIMEM cree «previsible» que en 2023 se produzca una recesión económica que provocará un incremento de los concursos de acreedores y confía en que la Ley Concursal que entrará en vigor el próximo lunes ayude a salvar empresas.
Así lo manifestó ayer el presidente de la citada federación empresarial, Jordi Mora, que citó la subida de los tipos de interés, la inflación y los impactos sobre los mercados de la guerra de Ucrania entre los factores de riesgo de la economía balear para el año que viene.
El líder patronal indicó que el tejido empresarial se mantendrá en lo que resta de año por la «inercia» de la buena temporada turística, pero prevé dificultades para muchas empresas en 2023.
Otros factores de riesgo son la carestía energética, la poca adaptación de las empresas al cambio climático y su excesivo endeudamiento, indicó.
Mora compareció ayer junto a Javier Blas, del gabinete jurídico Illeslex, que analizó para la organización empresarial las novedades que supondrá la nueva Ley Concursal, que introduce novedades en las antiguas suspensiones de pagos con el objetivo de resolver problemas económicos puntuales y permitir la supervivencia de empresas en dificultades.
La norma contempla dos nuevos conceptos, como son la reestructuración y el reestructurador empresarial, figuras que, según Blas, «pueden suponer de facto la tabla de salvación para muchas empresas que con el actual sistema acababan en liquidación».
Los planes de reestructuración son una de las principales novedades de la ley, según Blas y «se trata de un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia o a superarla, que posibilita una actuación frente a dificultades antes de entrar en el proceso judicial, se trata de evitar la estigmatización de las empresas».
Desde el punto de visto más técnico se destacó la incorporación de los formularios online, que permitirá agilizar la gestión, aunque, según Javier Blas, «no se espera tener dichos formularios hasta enero de 2023, aunque la ley entre en vigor el próximo día 26».
