El pacto alcanzado por el llamado caso Peaje, en el que varios acusados se declaraban culpables a cambio del pago de una multa, no ha dejado satisfecho a todas las partes. Así, el sindicato CGT, que estuvo personado como acusación popular en la instrucción del caso, ha cargado, mediante una carta pública, contra el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, y el acuerdo que alcanzó con los acusados, para que algunos se declararan culpables, mientras que la gran mayoría salía absuelto de toda acusación.
El sindicato considera que la instrucción del caso ha sido «descabellada e incoherente», porque no se ha entendido el acuerdo entre el Consell de Mallorca y la empresa concesionaria de la carretera de Manacor. Se explica que el negocio no está en la construcción de la obra, sino en la explotación, ya que el concesionario cobra una cuota económica por el uso de la carretera. Cuestiona que únicamente se hable de un sobrecoste de casi 42 millones, porque según sus cálculos el perjuicio es de más de 400 millones de euros.
Tampoco entiende el sindicato la actuación de la fiscalía Anticorrupción de Balears, cuando se señala que se han pagado dádivas durante el proceso de construcción, que los acusados han reconocido que las han recibido y que, sin embargo, no se considere que estos costes hayan supuesto un perjuicio para el Consell de Mallorca. «Qué pretende la fiscalía que haya un concepto en el presupuesto que se denomine soborno», se cuestiona el sindicato.
Sin embargo, lo que se considera más grave es que este acuerdo, que evitó la celebración del juicio, «cierra la posibilidad de conocer la verdad». Se cuestiona, sobre todo, que el cierre del caso impida conocer con detalle el acuerdo que ha alcanzado la empresa concesionaria con el Consell de Mallorca, que ha permitido el cierre del caso que se destapó hace 14 años. «Parece que hay una justicia para los poderosos y una para el resto de mortales. Los acusados que están en la cúspide de la pirámide se salen de rositas. Solo el funcionario de nivel más bajo tiene una consecuencia real, que es la pérdida de su puesto de trabajo», denuncia el sindicato CGT.
Al mismo tiempo, también se cuestiona la «absoluta falta de control» del Consell de Mallorca y que se haya permitido, con la excusa de diferentes modificaciones, que la sociedad adjudicataria hubiera logrado unas mejores condiciones económicas.
El sindicato considera que se trata de una corrupción que afecta a la estructura del Consell de Mallorca y se exige que se realice una mejor protección de los fondos económicos públicos.
