El Consell de Mallorca recibió el pasado día 1 de enero las competencias de ordenación e inspección turística. La institución insular se hacía cargo del control absoluto de las 430.000 plazas de hoteles y alquiler vacacional oficiales, así como detectar la numerosa oferta ilegal. Sin embargo, el Consell tan solo cuenta con 15 inspectores, según confirmaron a este periódico en la propia institución insular, para patearse todas las zonas turísticas y los municipios donde se hace alquiler vacacional. Una cifra que se antoja insuficiente y los propios funcionarios admiten que es del todo imposible el control de la actividad turística.
Los analistas apuntan que la masificación turística que se está viviendo en Mallorca no procede de la oferta legal. Este año en la isla se ha disparado el alquiler ilegal, vestido de cesión de casas a amigos y familiares de otros países. Es otro campo donde los inspectores de turismo deben dirigir sus pesquisas.
No obstante, si el número de 15 inspectores en toda Mallorca se antoja ridículo, más lo es la cantidad de funcionarios que tiene el Consell para tramitar los expedientes turísticos. Tan solo entre 4 personas para instruir el procedimiento sancionador. Según funcionarios de la antigua conselleria de Turismo consultados, es del todo imposible que cuatro personas puedan tramitar todos los expedientes. Hace años se vienen produciendo colapsos en la tramitación, con el consiguiente riesgo de que caduquen al vencer los plazos y los infractores se queden sin multa.
El departamento de Turismo del Consell informó la pasada semana que los inspectores habían realizado 1.462 inspecciones en establecimientos turísticos (alquiler vacacional y similares, restauración y plataformas digitales de alquiler) desde principios de año hasta el 31 de julio. Ello permitió detectar unos 132 alojamientos turísticos ilegales en Mallorca que alquilaban a turistas sin tener los permisos o bien no disponer de plazas turísticas asignadas. Estas inspecciones se han efectuado desde que la institución insular asumió las competencias del Govern a principios de año. También hay que tener en cuenta que lo habitual es que el infractor recurra la sanción y debe ser el mismo funcionario que ha instruido quien debe estudiar el recurso, con lo que se les acumula el trabajo para resolver todas las sanciones.
La patronal del alquiler vacacional, Habtur ,y agrupaciones vecinales han denunciado posibles alojamientos ilegales. No obstante, se quejan que desde Turismo no les informan de la evolución del expediente ni tampoco si ha concluido con sanción.
Multas por valor de 4 millones
En los años 2018 y 2019, los dos últimos con una temporada turística normal que no se vieron afectados por la pandemia, la conselleria de Turismo del Govern interpuso multas por infracciones turísticas que ascendieron a 1,2 millones en 2018 y de 1,8 millones en 2019. En total cuatro millones de euros recaudados en multas por la inspección turística en estos dos años. Tanto en 2018 como en 2019 se aplicaron del orden de 100 multas.
1.006 en alquiler vacacional
Durante los siete primeros meses del año el Consell, con sus recién estrenadas competencias de inspección turística, realizó 1.462 inspecciones en establecimientos de toda la isla, de las cuales 1.006 fueron en alojamientos turísticos, 255 en intermediarios turísticos (plataformas digitales) y 168 en restauración y establecimientos de entretenimiento, entre otros. Durante estos controles se iniciaron 376 procedimiento de infracción. En cuanto a los municipios, la mayoría de inspecciones se realizaron en los lugares más turísticos de Mallorca, como Palma (561 inspecciones), Calvià (123), Llucmajor (113) Alcúdia (63), Pollença (62), Santanyí (54), Santa Margalida (44) o Sóller (44).
Asimismo, el Consell ya ha abierto 292 expedientes sancionadores a alojamientos turísticos desde enero a julio de este año. De éstos, 132 eran alojamientos turísticos ilegales. El resto de actuaciones en alojamientos fueron, en su mayoría, por sobrecomercialización. El problema será en la instrucción de los expedientes con tan solo cuatro funcionarios para su tramitación y resolver los más que probables recursos. Ello puede provocar el colapso antes mencionado en las oficinas de Turismo del Consell.
