El PI ha presentado esta mañana en el Parlament una Proposición No de Ley Urgente para pedir a los partidos de que emitan un informe, antes del día 1 de octubre, en relación al Real Decreto Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética promovido por el Gobierno central por la posible invasión de competencias autonómicas. Por ello, en caso de que se constate que existen dudas de constitucionalidad, se instará al Govern a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El portavoz de El Pi, Josep Melià, asegura que "las instituciones de Baleares tienen que ser las que digan o marquen cómo se tiene que llevar a cabo este ahorro del 7 por ciento energético aprobado por el Consejo de Ministros. Que sea el gobierno central quien lo diga nos pare que va en contra de la Constitución".
Además, exigen al Govern que, después de escuchar a los sectores afectados, una instrucción o resolución que aclare la aplicación de este decreto ley de ahorro energético para establecer las temperaturas a las que se tienen que ajustar los diferentes negocios y sectores, así como clarificar el régimen sancionador aplicable.
Más allá del Decreto Ley, su posible inconstitucionalidad y un marco de medidas claras, desde El Pi reclaman un impulso "más decidido" para las políticas de ahorro energético y y eficiencia energética porque "tenemos que apostar de una forma decidida y con la máxima rapidez posible por la generación de energías renovables". Para ello, la formación regionalista propone la instalación de parques eólicos marinos y que esta sea una política estratégica del Govern para incrementar y desarrollar la transición hacia las energías limpias.
