La conselleria de Asuntos Sociales justificó ayer la externacionalización del servicio de Información y Atención a la Ciudadanía a partir de septiembre en la «dificultad» para encontrar funcionarios que atiendan esta prestación en horario de tarde. «La conselleria ha convenido llevar adelante un contrato para que amplíe el servicio de información actual. El hecho que ha motivado esta decisión ha sido la dificultad durante seis años para conseguir un servicio de información durante la tarde con personal funcionario que ofrezca un mayor abanico horario a los ciudadanos», señaló ayer el departamento que dirige Fina Santiago.
«Entre estas dificultades se encuentran también las limitaciones para sustituir bajas de forma rápida, así como cubrir las plazas del servicio de información que han salido a concurso durante los últimos años y han quedado siempre desiertas», añadió.
De este modo, Asuntos Sociales se defendió de las críticas vertidas por UGT, que lamentó que «la privatización va en dirección contraria al modelo de apostar por lo público que hasta ahora ha mantenido el Govern». El sindicato subrayó que «este servicio constituye el primer paso de información a la ciudadanía y gestión de las ayudas y prestaciones sociales autonómicas a las que tiene derecho, como la renta social garantizada o las relacionadas con la dependencia».
Asuntos Sociales informó de que se incorporarán 23 nuevos profesionales «que permitirán dar una atención presencial y telefónica de mañana y tarde —de 9 a 18 horas de forma continuada, dos días a la semana—, además de reforzar la centralita con una información especializada».
El departamento que dirige Fina Santiago admitió que «no ha sido una decisión fácil de tomar», y argumentó que «ha priorizado la atención a los ciudadanos en un horario más amplio, lo que hasta la actualidad era inviable».
UGT Servicios Públicos criticó la externalización de este servicio a la empresa Intress, «la única que se ha presentado al concurso, por valor de más de cuatro millones y medio de euros durante seis años». Asimismo, el sindicato expresó su temor de que «se pierda el carácter social del Servicio de Información y la sensibilidad con la que se trata a la ciudadanía más vulnerable y se sustituya por prioridades de rentabilidad económica».
El sindicato señaló que en plantilla tiene actualmente a siete profesionales que atienden de media a unas 42.000 personas por año, casi 30.000 de manera presencial.
