Diario de Mallorca y el periodista José Francisco Mestre reclaman al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que admita sus recursos contra la incautación del teléfono móvil del redactor para averiguar sus fuentes del caso Cursach. En un escrito presentado ayer por el abogado Nicolás González-Cuéllar solicitan que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró vulnerados sus derechos fundamentales, se acepten los recursos que en su día no admitió a trámite el juez que ordenó la intervención del teléfono, Miguel Florit.
Estas alegaciones responden a la petición del magistrado Carlos Gómez, encargado de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía. Estas pesquisas tuvieron su origen en la intervención del teléfono móvil de Mestre y de la periodista Blanca Pou, de Europa Press, intervenidos en diciembre de 2018 por la propia Policía a instancias de Florit.
La sentencia del Tribunal Constitucional que en marzo pasado consideró que el juez Florit había vulnerado el derecho de los dos profesionales al no dejarles personarse en ese procedimiento e inadmitir sus recursos contra la incautación, llevó a Gómez a pedir a las partes que se pronunciaran al respecto. En su escrito, Diario de Mallorca y su periodista señalan que debe ser la sala de lo civil y penal del TSJB quien «restablezca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» y estime los recursos «indebidamente inadmitidos a trámite» por Florit. Además, recuerdan que la sentencia del TSJB que absolvió al juez del delito de prevaricación concluyó que ordenó la requisa de los móviles «sin ponderar debidamente el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes» y que la resolución fue «manifiestamente injusta».
El periódico y Mestre, por otra parte, no se pronuncian en este escrito sobre los efectos que puede tener la nulidad del auto en el que Florit decretó la incautación de los móviles en la causa abierta a Penalva, Subirán y los cuatro policías por sus presuntas ilegalidades.
