Al margen por completo de la familiaridad sustanciada en más de una boda entre ambos, las innumerables comparecencias públicas conjuntas de Patricia Gómez con su número dos y esposo Juli Fuster no permitían adivinar ninguna fisura en la pareja. La compenetración era ejemplar, por no hablar de la intimidad también con amplio respaldo gráfico entre Francina Armengol y la consellera, asesora privada de la presidenta.
Por tanto, un observador atolondrado se asombrará de que los personajes nombrados hasta el momento no intercambiaran jamás ni un solo comentario sobre asuntos que afectaban a sus familiares en primer grado, ya fuera para festejar nada menos que dos ascensos al funcionariado entre sus allegados, o para advertir de una posible sentencia en contra del Tribunal Superior.
El único papel coherente en este vodevil jurídico corresponde a la Abogacía de la Comunidad, impasible en su rumbo de destrucción del Govern. ¿Por qué ahora nadie sabe nada de oposiciones, nombramientos y bofetones a un opositor contestatario muy difíciles de ocultar? Porque el escándalo se ha adentrado en la fase consulte a su penalista, donde todos los implicados han sido alertados para esforzarse en que el disparate quede circunscrito a la indolora industria contenciosoadministrativa, donde las condenas se abonan con dinero ajeno.
Juli Fuster escenifica la primera gran dimisión del PSOE, que no había pagado ninguna factura en ocho años de Pacto. De nuevo, hubiera soslayado la dimisión con un mínimo auxilio jurídico. Sorprende que un alto cargo de su veteranía cometiera sendos deslices o se dejara dominar por el exhibicionismo de su poder censor.
Artículos como éste se cierran por definición con la pretenciosa fórmula «qué otras cosas sabe el ejecutivo balear y está ocultando». Dada la amnesia colectiva, procede un interrogante más inquietante, qué otras cosas no sabe el Govern y se siguen produciendo en estos momentos a sus espaldas.
