El portavoz del Govern, Iago Negueruela, asegura que nadie del Consolat ni del Ejecutivo balear conocía la existencia de la demanda contra el exdirector del IB-Salut, Juli Fuster, que terminó con una condena por haber intervenido en una oposición en la que concurrían su hija y su yerno. El hecho adquiere una relevancia mayor si se tiene en cuenta que fue la Abogacía de la Comunidad Autónoma quien presentó el recurso a sabiendas de que había claros indicios de que iba a perder el caso. Una realidad que reconocen fuentes del Govern, a la vez que admiten «estupefacción» por no haberse enterado de un hecho tan grave hasta el viernes pasado, cuando se conoció la sentencia: «No se entiende que se presente un recurso en un caso como este, donde está todo claro y la Justicia te pegará un repaso importante».
Negueruela admitió ayer que Fuster se debería haber abstenido del proceso de selección y, en la misma línea que el exdirector del IB-Salut, afirmó que se trató de un «error administrativo»: «Ya lo ha explicado: él no conocía esta situación y nosotros, tampoco». Para el portavoz del Govern, «lo que ha ocurrido demuestra que los controles y los filtros administrativos no han funcionado».
Además, puso en valor la «rapidez» de la dimisión porque, insiste, el Govern es «extremadamente escrupuloso» y reitera que en ningún momento se intentó beneficiar a alguna persona de su entorno: «Agradecemos sus explicaciones y su trabajo, es una decisión para proteger la buena imagen ya que no había ninguna intención de favorecer a nadie en este proceso».
«En el mismo momento en que lo supo [Juli Fuster] decidió presentar su dimisión, y eso le honra para defender la imagen de nuestro servicio público», reivindicó Negueruela, al mismo tiempo que resaltó el apoyo que ha recibido Fuster durante los últimos días porque «cuando pasan estas cosas uno puede decir que es injusto, pero la decisión está en nuestros códigos éticos».
Fuentes del Ejecutivo balear reconocen que «no tiene sentido» que haya ocurrido algo así, sobre todo si se tiene en cuenta que en el Consolat reconocen que no conocían que el Tribunal Superior estaba investigando al número dos de la conselleria de Salud: «No puede ser que la presidenta no conociera que la Justicia estaba investigando estas oposiciones y se tenga que enterar el mismo día que sale la sentencia».
Asimismo, confiesan que la decisión de dimitir tuvo que ser rápida porque «no había otra opción» ya que el Código Ético del Govern deja bien claro la obligación de inhibirse en procesos donde existen intereses familiares.
En el PP reclaman la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez, para que explique lo ocurrido: «¿Conocía la consellera esta situación? ¿Le dijo la consellera que se abstuviera? ¿Informó a Armengol?. Así, el portavoz, Toni Costa, habla de que tienen «sospechas» de que Gómez conocía estos hechos «por su relación profesional y personal con Fuster».
La portavoz de Unidas Podemos, Esperança Sans, relata que «desde el primer momento nos pusimos en contacto con nuestros socios del Govern para insistir en que, si las noticias eran ciertas, esta persona no podía continuar al frente» y se muestra «satisfecha» con su dimisión: «No puede perjudicar de ninguna manera la increíble labor de todo el personal de la conselleria de Salud y de los trabajadores. El Govern ha actuado con mucha contundencia, con mucha rapidez y de forma ética».
Desde CCOO afirman que su dimisión es la decisión «más adecuada que podía tomar, ya que esto podría enturbiar otros procesos pendientes que se están realizando» y, «pese a las diferencias», ponen en valor su actitud durante las negociaciones con los sindicatos, «dentro un ambiente de respeto mutuo». Y avisan: «Quedan por delante muchos temas importantes que negociar».
