La Asociación de Constructores de Baleares ha trasladado el "profundo malestar" que existe entre las empresas contratistas por la negativa de todos los ayuntamientos a tramitar las reclamaciones de revisión excepcional de precios.

En una nota de prensa, la Asociación ha indicado que se han presentado ya, como mínimo, 18 reclamaciones a los consistorios y ninguna ha obtenido respuesta por su parte. "La actitud de los ayuntamientos nos indigna por su nula solidaridad y empatía con los sobrecostes que han tenido que asumir las empresas, poniendo incluso en peligro su viabilidad", ha dicho la presidenta de la asociación, Fanny Alba.

Según denuncian los constructores, los municipios han alegado que no han acordado en plenario su adhesión a estos decretos, pero han obviado el Dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que establece que las corporaciones locales (consells y ayuntamientos) quedan adheridas a las medidas de compensación económica sin necesidad de acuerdo.

"No entendemos como los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tiene derecho las empresas legítimamente", ha añadido Alba.

Con todo, los Constructores de Baleares han subrayado que esta actitud "insolidaria" de los ayuntamientos obligará a las constructoras de obra pública a convertir "todas las reclamaciones en demandas en los juzgados para poder obtener el reequilibrio económico" de los contratos recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.