El Govern solo mejorará un 6% los precios en aquellos contratos públicos de obra y concesiones que estén en vigor después de enero de 2021 y siempre y cuando hayan sido publicados en la Plataforma de Contratación antes de septiembre de 2022. El Ejecutivo autonómico ha aprovechado el decreto ley aprobado para estabilizar a los funcionarios para convertirlo en una ley cajón de sastre, también conocida como ley ómnibus, y corregir el decreto de la subida de precios a raíz de la guerra de Ucrania.
El decreto para paliar los efectos económicos y sociales derivados de la crisis provocada por la guerra de Ucrania fue publicado en marzo, pero no especificaba el tiempo de contratos por los cuales se podían beneficiar de esta bonificación en los precios.
De igual modo, se aprovecha para fijar condiciones más duras para los posibles beneficiarios, estableciendo como requisito la llamada «alteración extraordinaria e imprevisible» en los precios de los contratos provocados por los efectos de la guerra.
En este sentido establece que «se entiende por una variación en los costes de los materiales, considerados alteración extraordinaria e imprevisible individual o conjuntamente, superior al 6% respecto de los costes de estos materiales previstos en el contrato, siempre que, aisladamente o conjuntamente, suponga un incremento de coste para el contratista superior al 6% del importe de licitación del contrato».
En el caso de contratos de obras, el decreto establece una compensación económica al contratista consistente en la diferencia entre el coste de los materiales justificado por el contratista en su solicitud y el precio de los materiales previstos en el presupuesto de ejecución material del proyecto licitado.
Por otra parte, en el caso de cualquier otro tipo de contrato, una modificación del mismo para restablecer el equilibrio económico, siempre que se cumplan los requisitos anteriormente especificados.
Estas modificaciones pueden dejar fuera bastantes contratos públicos, tanto de obras como de concesiones, que se adjudicaron con anterioridad al año 2021. Hay que recordar que este decreto no solo afecta al Govern, también los consells insulares y los ayuntamientos deberán aplicarlo.
Reactivan la Ecotasa
Por otra parte, la ley de cajón de sastre para estabilizar a los funcionarios interinos, en cumplimiento de una ley de la Unión Europea, también ha sido aprovechada por el Govern para poder reactivar la ecotasa.
En la ley de presupuestos del año 2021 se modificó este apartado para poder destinar los fondos del impuestos de turismo sostenible a paliar los efectos de la pandemia. De este modo, la Ley de Presupuestos del año 2023 ya podrá prever las actuaciones y las inversiones que, a tal efecto, seleccione y apruebe la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible.
En concreto, esta comisión, que es la que decide donde se destinan los fondos de la ecotasa, también estaba paralizada y ahora se reactiva.
Estado Corrigen las discrepancias en tres decretos leyes
La norma aprobada para regular a los interinos ha terminado convirtiéndose en una ley multiuso. Además de regular la subida de precios en contratos públicos y la reactivación de la ecotasa, también aprovechan para modificar artículos de tres decretos anteriores sobre los que el Estado había mostrado su discrepancia al entender que no se ajustaban a las normas estatales. Es el caso de la creación de un organismo para gestionar los fondos europeos o concertar créditos extraordinarios.
