Reivindican el reconocimiento de sus derechos laborales y acabar con la criminalización de la prostitución que, aseguran, se ejerce de forma mayoritariamente voluntaria. Se definen a sí mismas como trabajadoras sexuales —concepto que rechaza una parte del feminismo — y se han organizado en Mallorca para que su voz se escuche, quizá por primera vez, mientras el Gobierno tramita una ley abolicionista.
«No estamos a favor o en contra de la prostitución, estamos a favor de los derechos de las personas que la ejercen», subraya Miquel Bibiloni, delegado de OTRAS en Balears. El sindicato de trabajadoras sexuales, legalizado por el Tribunal Supremo hace ahora un año incluyendo a actrices porno y mujeres que prestan servicio en locales de masaje, se presentó en Mallorca a finales de mayo en un acto al que asistió una pequeña representación política y de la sociedad civil. Quieren terminar con lo que denominan la «hegemonía abolicionista» y organizarse en un mercado muy condicionado por el turismo.
«Lo que no puede ser es que porque no te guste esta actividad reduzcas a las personas que la ejercen a la condición de víctimas, infantilizarlas y decir que no tienen capacidad de decisión porque están coaccionadas económicamente. El 90% de los trabajadores del turismo también están coaccionados económicamente», manifiesta Bibiloni.
OTRAS propone despenalizar la prostitución, que no es lo mismo que legalizarla. Lo explica Neus Tur, politóloga e investigadora experta en estudios de género que participó en la presentación del sindicato en Mallorca. «A nivel jurídico hay cuatro modelos: prohibición, legalización, abolicionista y pro derechos. OTRAS reclama el modelo pro derechos, que hoy en día se aplica en el Estado de Victoria, en Nueva Zelanda y desde hace poco tiempo en Bélgica. Propone despenalizar el trabajo sexual. Eso no significa no considerar violencia el proxenetismo, la trata o la explotación sexual de adultos o menores. Pero saca del código penal el trabajo sexual, de modo que las trabajadoras sexuales puedan ejercer con mayores condiciones de seguridad, autorepresentación y autonomía», manifiesta Tur, que como investigadora del grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona hizo un trabajo de campo para elaborar un diagnóstico de la prostitución en la capital catalana por encargo del Ayuntamiento.
Y, afirma esta experta, el impacto del modelo pro derechos ha sido beneficioso. «Sabemos que las trabajadoras sexuales han accedido más fácilmente a servicios de justicia y salud, se ha reducido la violencia institucional, el estigma y la presión social. Es un modelo que reconoce derechos de quienes ejercen la prostitución no coercitiva de manera consensuada entre adultos», manifiesta Tur.
Desmienten que la mayoría de la prostitución sea consecuencia de la trata, tal como asegura una parte del feminismo. «El feminismo es plural, y todos los feminismos comparten que ninguna mujer esté obligada a ejercer. Pero no tenemos suficientes datos fiables como para afirmar que la mayoría están obligadas a ejercer y nos acabamos fiando de ficheros policiales obsoletos. Por ejemplo, ¿cómo lo contabilizamos si la mayor parte de las mujeres que ejercen son migrantes sin papeles? Estas mujeres no acceden a dar datos porque tienen miedo de la violencia institucional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que una de cada siete mujeres es víctima de trata en Europa, eso supone un 14%», señala Tur.
Critican el proyecto de ley abolicionista que está preparando el Gobierno y subrayan que acabar con la trata pasa por derogar la Ley de Extranjería, «que es la que aboca principalmente a mujeres migrantes a sufrir explotación», destaca Bibiloni. «Cuando el PSOE habla de abolicionismo no habla de vivienda, de Ley Extranjería, de feminización de la pobreza o de una renta básica garantizada. Para ellos todo es blanco o negro. Es más fácil pensar que toda la prostitución es esclavitud, y muchas feministas duermen mejor pensando que todas las prostitutas están explotadas porque no les entra en la cabeza que haya mujeres que hacen lo que quieren con su cuerpo», lamenta el delegado de OTRAS en el archipiélago.
Bibiloni plantea otra reivindicación: «Tipificar la putofobia como un delito de odio o discriminación. Debería ser ilegal no alquilar un piso a una mujer porque pienses o sepas que es prostituta. O despedir la de un trabajo porque te has enterado de que antes había ejercido la prostitución».
Tur critica que la estrategia legislativa del Gobierno se limite a «una reforma del código penal de tres artículos en lugar de aprobar una ley integral que cuente con medidas de apoyo económico o que derogue la Ley de Extranjería». Entre los cambios propuestos se incluye la prohibición de la tercería locativa. «Es decir, la responsabilidad penal de quien obtiene beneficios por alquilar un inmueble en el que se ejerce la prostitución, aun cuando haya consentimiento. Y, si bien está pensada para perseguir el proxenetismo, afectará a aquellas personas que de forma independiente ejercen la prostitución dificultando su acceso a la vivienda o aumentando desahucios, como ha pasado en otros países», valora esta investigadora.
Asimismo, lamenta que la futura ley considerará como prostitución cualquier acto de naturaleza sexual. «¿Entonces un ‘pole dance’ será considerado prostitución? ¿Un ‘streptease’? ¿Un videoclip? Abordar la prostitución desde el punitivismo acabará por afectar al ejercicio efectivo de los derechos de quienes la ejercen», concluye.
