Uno de los policías acusados de corrupción, Nicanor Góngora, aseguró ayer que sus declaraciones incriminatorias contra otros agentes durante la instrucción del Caso Cursach eran «falsas» y atribuyó sus «mentiras» a la presión del entonces fiscal Miguel Ángel Subirán y el grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. «He vivido una auténtica película de terror», señaló Góngora, para quien la fiscalía pide seis años y medio de cárcel por cohecho y coacciones, y que está además pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por el caso de los Ángeles del Infierno.
Góngora está acusado de exigir dinero a los propietarios de locales para evitar inspecciones de la Patrulla Verde y de haber presionado para que contrataran a otros policías como vigilantes de seguridad. Negó todas las imputaciones y centró buena parte de su declaración en denunciar irregularidades en la investigación. «Los policías de Blanqueo me daban directrices claras de lo que tenía que declarar. Me amenazaban con que si no decía eso iba a ir a prisión. Todas las declaraciones que he hecho son falsas y malintencionadas. El fiscal Subirán dictaba mi declaración al agente judicial. Lo único que quería era firmar y salir para no ir a prisión», señaló sobre las acusaciones que lanzó contra otros agentes durante la instrucción, de las que ayer se desdijo completamente. «Todas mis declaraciones policiales y judiciales fueron bajo coacciones», sentenció.
Carlos Tomás, oficial del GAP, rechazó también todas las acusaciones contra él de haber extorsionado a los dueños de diversos locales. Explicó que en el GAP ganaba «50 euros la hora» y que en una noche, con horas extraordinarias, podía llegar a cobrar «500 euros». Así, trató de desmentir que participara en la supuesta contratación de un agente como empleado de seguridad en un local a cambio de 45 euros por toda una noche. Y apuntó a las «rencillas» que tenía con dos agentes como origen de sus imputaciones.
En este sentido, Rafael Estarellas, excomisario de la Policía Local, aseguró que en el cuerpo se produjo «un golpe de Estado» en el que «parte de la Justicia» fue utilizada, conspiración que atribuyó al deseo de una facción de acabar con diversos mandos que acabaron siendo imputados en el caso Cursach. Asegura que esta investigación ha acabado con él «a nivel profesional y laboral» e incidió también en las presuntas irregularidades cometidas por Penalva y Subirán.
El policía Felipe Florit reconoció haber compaginado su labor como agente con trabajos de seguridad en la discoteca Megapark de Cursach. Afirmó que tenía necesidades económicas: «Tengo cuatro hijas que comen mucho», dijo. Pero descartó que en su labor policial beneficiara a Cursach con sus actuaciones. «No he coaccionado a nadie en mi vida», sentenció, tras negar cualquier intervención en una discoteca del Marítimo, donde dijo no haber actuado «jamás».
El funcionario y exdirector general de Turismo del ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, negó también cualquier tipo de trato de favor hacia los negocios de Cursach y señaló además que fue «intimidado» durante la fase de instrucción. Acabó su intervención entre lágrimas: «Ya no soy el mismo».
