El antiguo segundo oficial de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma Feliciano Franco ha justificado todas las actas de infracción que levantó su unidad a locales de ocio nocturno competidores de las discotecas de Bartolomé Cursach y ha negado cualquier trato de favor.
Franco, sentado en el banquillo de los acusados en el juicio del Caso Cursach por presuntas coacciones, ha declarado este martes ante la Audiencia de Palma, en el que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 2 años de prisión.
El agente, que formó parte de la Patrulla Verde de 2005 hasta su detención en diciembre de 2015, ha explicado al tribunal que el reparto de las inspecciones se hacía en función del orden de entrada de denuncias y quejas, ya fueran directas por parte de los vecinos afectados o de manera indirecta a través de los altos mandos del cuerpo y de los responsables políticos municipales.
El policía ha afirmado que no conoce al empresario ni ha recibido nunca órdenes directas o indirectas de Cursach ni de su "número dos", Bartolomé Sbert, ni se ha beneficiado de favores en sus locales ni en discotecas o prostíbulos de sus competidores.
"Le he levantado actas a locales del señor Cursach", ha incidido Franco, que ha señalado las irregularidades continuadas de algunos de los establecimientos de ocio nocturno cuyo titular ejerce la acusación particular en su contra, un empresario de quien ha dicho que se dedicaba a "quemar locales", en el sentido de arrendar inmuebles en los que promovía actividades sin licencia que le suponían multas que no pagaba.
Ha declarado posteriormente el agente de la Patrulla Verde Gabriel Mayol, quien se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía: 9,5 años de cárcel por cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.
El policía ha defendido todas sus intervenciones de control de licencias y ejecución de decretos municipales, y ha contradicho todas las denuncias concretas como un supuesto control de aforo inexistente en favor del grupo Cursach en la discoteca Tito's y una presunto falseamiento de horario para sancionar a un bar, entre otras.
"Rotundamente no", ha respondido cuando el fiscal, Joan Carrau, le ha preguntado si pidió favores sexuales para obviar una infracción en uno de los locales que inspeccionó.
También ha negado haber recibido nunca "sobres con dinero", como le ha preguntado uno de los abogados de la acusación particular y ha afirmado que en alguna ocasión levantó actas a empresas de Cursach, aunque ha elogiado las buenas condiciones de las discotecas de su grupo.
Su compañero habitual en la Patrulla Verde, José Mayans, que se enfrenta a una petición de 6 años y medio de cárcel por cohecho y coacciones, ha declarado en el mismo sentido.
También ha negado cualquier abuso de su cargo para dejar de pagar consumiciones, haber recibido sobornos para dejar de ejercer o tergiversar sus funciones.
Mayans ha aludido también a que los registros policiales ponen de manifiesto la falsedad de empresarios acusadores que denuncian reiteradas inspecciones en sus establecimientos, a los que definido como "multiinfractores".
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
