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Diario de Mallorca

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Gual defiende la concesión al Náutico de Ibiza por «interés social» y niega presiones políticas

Admite que tenía en cuenta el criterio de Armengol, pero dice que no hubo injerencias

Joan Gual de Torrella, junto a su abogado, Eduardo Valdivia, ayer a su llegada al juzgado. Manu Mielniezuk

El expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, defendió ayer ante la jueza la concesión del puerto deportivo al Club Náutico de Ibiza, aseguró que el procedimiento se ajustó «a la ley» y destacó el «interés social» y el «consenso» que existía para que esa entidad «sin ánimo de lucro» mantuviera la explotación del recinto. Según explicó, era la manera de garantizar que la «clase media residente» pudiera seguir accediendo a «los precios de los amarres» y no quedara «excluida de la práctica de la mar». Con todo, insistió en la legalidad del procedimiento, que acabó siendo revocado por el TSJB. Gual, que declaró como imputado ante la magistrada que investiga el posible amaño del concurso, admitió que la presidenta del Govern, Francina Armengol, le daba su opinión sobre algunas cuestiones e incluso que él paralizaba aquellas que no tenían su visto bueno, pero rechazó que hubiera directrices injerencias o presiones de ella o cualquier otro político.

Gual de Torrella, defendido por el abogado Eduardo Valdivia, prestó declaración durante algo más de dos horas en calidad de investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora. La magistrada investiga, en el llamado Caso Puertos, las supuestas irregularidades en diversos procedimientos administrativos de la APB durante el mandato de Gual, que ya fue interrogado en octubre pasado por una adjudicación en el puerto de Maó, y las posibles directrices políticas que había tras estas decisiones.

La magistrada fue quien llevó ayer el peso del interrogatorio a Gual y, según explicaron fuentes jurídicas, ya al principio preguntó por el papel que jugaba Francina Armengol. Gual explicó que cuando fue nombrado en el año 2015 presidente de la APB mantenían reuniones mensuales que con el paso del tiempo se fueron espaciando. Aunque circunscribió estos encuentros al ámbito institucional, admitió que Armengol le daba su opinión sobre algunos asuntos que debían tratarse en el consejo de administración de la APB. Añadió que él tenía en cuenta su punto de vista y que incluso desechaba aquellas ideas que no contaban con su visto bueno. Pero Gual negó en varias ocasiones haber recibido presiones o injerencias por parte de Armengol y de otros políticos para amañar concursos.

El exvicepresidente de la APB, Juan Carlos Plaza. | MANU MIELNIEZUK

Sobre la adjudicación de la explotación del puerto deportivo al Club Náutico de Ibiza, bajo sospecha por las investigaciones de la Guardia Civil, Gual defendió ante la jueza que la APB actuó «dentro de la ley». En su declaración, apuntó que existía un «consenso» y un «interés social» en que la gestión de los amarres quedase en manos de esa entidad, que llevaba décadas gestionando el puerto y cuya concesión había caducado. Además del apoyo a una institución «centenaria», Gual señaló ante la jueza que el objetivo era evitar que la gestión cayera en manos de grandes empresas o fondos buitres que disparasen el precio de los amarres y se decantasen por la llegada de grandes yates en detrimento de las pequeñas embarcaciones de los residentes en la isla. Gual resumió ante los medios esta postura afirmando que fue «una adjudicación a una organización sin ánimo de lucro, que procura el fomento deportivo, en un entorno como Ibiza donde los precios de los amarres están excluyendo a los residentes». «Los clubes náuticos son las entidades que pueden corregir esta presión de la demanda y sobre ellos hay propuestas del Congreso, del Senado, del Parlament, de los Consells... Hay una percepción de una fuga de la práctica deportiva para la clase residente, la clase media, que no podrá acceder nunca a los precios de estos amarres, sobre todo en Ibiza, que es un mundo dedicado al superlujo», agregó.

María Dolores Ripoll, en una imagen de archivo. | B. RAMON

Arraigo

Uno de los aspectos más controvertidos del concurso es la inclusión en los criterios de valoración del arraigo en la isla, que no figuraba en las clásulas iniciales y que, según la jueza, es un indicio de que se hizo a medida del Club Náutico de Ibiza. Gual señaló que se hizo siguiendo criterios técnicos y con el respaldo de la Abogacía del Estado.

Los otros dos investigados que declararon ayer ante la jueza, el exvicepresidente de la APB Juan Carlos Plaza y la abogada del Estado e integrante del consejo de administración María Dolores Ripoll explicaron que la inclusión del arraigo se consensuó en una reunión con Gual, a propuesta de este, en enero de 2016. Ambos apuntaron en sus comparecencias que se pretendía garantizar el mencionado fin social, defendieron la legalidad del procedimiento y rechazaron que se tratara de un concurso hecho a medida para el Club Náutico.

Hoy están citados a declarar ante la jueza por este caso el ex jefe del área de gestión de la APB, Fernando Berenguer, el jefe de explotación, Armando Parada, y el técnico Jorge Martín. Las comparecencias de investigados continuarán el jueves y la próxima semana.

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