Los abogados de oficio de Baleares van a salir a la calle a protestar por el retraso en el pago de los servicios de asistencia gratuita que han venido prestando en los últimos meses y que ya acumulan una deuda de más de un millón y medio de euros. El Ministerio de Justicia debe la paga de los meses de mayo y junio, así como parte del dinero de los meses de marzo y abril.
Esta protesta se impulsa desde el Colegio de Abogados de Baleares, que ha convocado a todos sus colegiados para que participen en una concentración de protesta, que tendrá lugar el próximo día 12 ante las sedes de las delegaciones del Gobierno de Palma, Ibiza y Mahón. La razón principal de esta movilización es exigir al Ministerio de Justicia que dispense “el trato digno que merecen los abogados del turno de oficio”, de tal manera que les pague las cantidades pendientes de cobrar de los últimos meses.
Tanto el decano del Colegio, Martín Aleñar, como la responsable del turno de oficio, Carmen López, la institución colegial exige que el Ministerio abone el dinero que se comprometió a pagar por las actuaciones de los letrados que son designados por el propio juez para asistir a un detenido, que carece de abogado de pago. Muchas veces estos defendidos no obtienen el derecho a la justicia gratuita, sobre todo porque no llegan a aportar la documentación que se les exige, pero el Colegio entiende que este trabajo de defensa debe ser abonado por el Ministerio de Justicia, debido a que su actuación profesional ha sido reclamada por el propio juez. La abogacía rechaza “frontalmente” que el Ministerio de Justicia vincule dicho pago, mediante una instrucción que no está prevista en la ley, a un trabajo previo de jura de cuentas que debe realizar el propio abogado, para recabar toda la información de la persona asistida. La abogacía considera que esta nueva instrucción del Ministerio es “un invento” y “una barbaridad” por cuanto legalmente esta nueva instrucción no se puede imponer, pero sobre todo esta orden representa “cargar sobre los abogados y las abogadas un poder reclamatorio del que solo dispone la Administración del Estado”.
Para explicar la situación, Carmen López hizo un simil con la profesión médica. Explicó que lo que pretende hacer ahora el Ministerio sería lo mismo que si un médico, al que asiste a una urgencia, incluso cuando el enfermo no disponga de una tarjeta sanitaria, no se le pagara una parte de su sueldo porque el paciente no hubiera abonado la atención sanitaria recibida.
Los abogados también exigen con esta protesta que se desarrolle una reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita. Consideran urgente que se aumente y actualice los baremos económicos de pago a la abogacía por la asistencia jurídica gratuita. Además, quiere que se apruebe un sistema que garantice el pago puntual.
También pretende que se amplíe el beneficio a la justicia gratuita a otros colectivos a los que, en los últimos laño, las leyes les han reconocido unos nuevos derechos, pero que no están cubiertos con la justicia gratuita, ya que la regulación de este servicio fue anterior al reconocimiento de dichos delitos.
Aleñar y López insistieron en que el bloqueo de estos pagos representa una muestra de “desconsideración” hacia la labor de los profesionales, recordando que es sobre los abogados de oficio sobre los que descansa la “defensa eficaz” de los derechos de las personas a ser asistido por un letrado de oficio, bien porque no dispone de recursos suficientes para litigar, o bien por otras situaciones personales que les han llevado a una situación de especial vulnerabilidad.
A pesar del retraso en estos pagos, el servicio de justicia gratuita o turno de oficio en Baleares no ha parado. El Colegio cuenta con más de 700 abogados que ejercen esta labor. Así, el año pasado se atendieron más de 48.400 casos de asistencia gratuita. Esta cifra representa un aumento del nivel de trabajo del 27.9% con respecto al año 2020.
