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Sindicatos ante la Inspección de Trabajo: «Algunos empresarios se van a llevar un buen susto este verano»

UGT y CC OO destacan que el aumento del fraude en los tiempos de trabajo coincide con un incremento en el valor de las sanciones

Los controles serán másintensos en las zonasturísticas. MANU MIELNIEZUK

«Algunos empresarios se van a llevar un buen susto durante este verano». El autor de esta frase es el secretario general de UGT-Servicios en Balears, José García Relucio, pero la suscribe plenamente su homóloga en CC OO, Silvia Montejano. El término «buen susto» se explica por dos motivos. El primero de ellos es que desde ambas organizaciones se apunta que los tradicionales excesos de jornada, que en muchas ocasiones no se declaran y se pagan en negro al trabajador, si es que se pagan, se están viendo incrementados debido a una llegada de visitantes que previsiblemente superará las cifras de 2019, y ello durante el verano en el que, tras un parón de dos años, se ha reactivado la campaña extraordinaria de inspecciones laborales con 30 funcionarios llegados de la península. Y el segundo motivo es que todo ello coincide con un aumento de las sanciones de la mano de la reciente reforma laboral, que ya no suponen una multa a cada empresa que comete un fraude, sino que la sanción pasa a ser por cada trabajador afectado por esa irregularidad, multiplicando su valor total.

La campaña especial de inspecciones que se va a desarrollar durante julio y agosto en las islas va a tener como prioridad la detección de contratos a tiempo parcial fraudulentos (pagar una jornada reducida pero obligar a trabajarla completa, por ejemplo), las horas extras que se pagan en negro o no se compensan, y la presencia de trabajadores que no han sido dados de alta en la Seguridad Social. Según García Relucio y Montejano, todos estos comportamientos irregulares son habituales en los veranos baleares, especialmente en la restauración y en el ocio nocturno, solo que este año se han multiplicado.

Los dos responsables sindicales señalan que las empresas han pretendido ajustar en exceso sus plantillas y que ahora se están viendo superadas por una llegada de visitantes muy superior a la que habían previsto, lo que está haciendo que las cargas y los ritmos de trabajo que se están imponiendo sean excesivos.

En este contexto, se apunta como especialmente sospechoso el aumento de los fijos discontinuos a tiempo parcial en un momento en el que algunas empresas se quejan de la escasez de mano de obra.

En opinión de Silvia Montejano, hay empresarios que pretenden resarcirse durante este verano de la caída en sus ingresos durante los dos años anteriores debido a la pandemia, y para ello están optando por vulnerar la legalidad y no respetar los convenios colectivos.

La representante de CC OO añade el fenómeno de los «exprimidores del verano», es decir, personas que aterrizan un año en alguna zona turística de las islas para gestionar algún pequeño negocio con el único objetivo de obtener el máximo beneficio posible durante unos meses para luego desaparecer, sin respetar en lo más mínimo los convenios colectivos.

Los dos representantes sindicales coinciden en que los fraudes laborales son más difíciles de cometer en las grandes empresas, como las cadenas hoteleras, debido a que éstas disponen de comités de empresa y están más sindicalizadas, lo que hace que los comportamientos irregulares sean más fáciles de detectar y de denunciar, de ahí la insistencia en que buena parte del problema se concentra en sectores mucho más atomizados, como los de los bares, restaurantes, discotecas, pubs y salas de fiesta. En el caso de las zonas turísticas, se incluye en este grupo a los pequeños comercios, especialmente en el caso de las conocidas como tiendas de souvenirs. Es por ello que se ha anunciado que la campaña de inspección que se ha puesto en marcha va a tener una especial incidencia sobre este tipo de establecimientos.

Pero como se ha indicado, la advertencia sindical también viene vinculada al endurecimiento de las sanciones fruto de la última reforma laboral. Así, se recuerda que las infracciones graves pueden recibir multas que van de los 1.000 a los 10.000 euros, pero con un cambio que multiplica su impacto: ahora esa sanción se puede aplicar por cada uno de los trabajadores afectados por el fraude, y no por cada centro de trabajo donde se ha detectado la irregularidad.

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