La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma sigue esta semana con el juicio del caso Cursach, en el que los abogados de la defensa seguirán planteando sus cuestiones previas.
Esta semana sólo habrá dos sesiones, la de este lunes y este miércoles. Ambas comenzarán a las 09.45 horas y en ellas se continuará con las alegaciones de los letrados de los 17 acusados que siguen en el banquillo después de que el primer día, el Tribunal absolviera a seis de los 24 inicialmente encausados --uno de ellos, el agente Miguel Estarellas ha fallecido--.
De este modo, después de que tanto Fiscalía como acusación particular retiraran sus cargos y la defensa pidiese su absolución, el ex director de la discoteca Tito's Jaime Lladó, el trabajador de Tito's Arturo Segade, el ex policía Antoni Bergas, la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario de la Conselleria de Turismo Bernardí Seguí y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau pudieron abandonar la Sala.
Antes de que acabase la sesión del pasado jueves, la magistrada Samantha Romero, que preside la Sala, solicitó a los abogados que "en la medida de lo posible" acabasen con sus exposiciones esta semana para después parar el juicio unos días, valorar las cuestiones y emitir un auto resolviéndolas.
En los primeros cuatro días de juicios, los abogados de la defensa que han intervenido en la Sala han basado sus peticiones principalmente en la absolución de sus representados, la nulidad de la instrucción judicial y la suspensión de la apertura de juicio oral. Incluso, algunos han señalado el miedo o el terror soportado por algunos de los justiciables en los primeros años de la investigación.
Con un escrito del Ministerio Fiscal en el que se rebaja las peticiones de penas para algunos de los acusados como, por ejemplo, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su 'mano derecha', Bartolomé Sbert, quienes se enfrentan a una pena de prisión de un año y medio de cárcel y tres años y medio, respectivamente, el primero en exponer sus peticiones fue el abogado de Cursach, Enrique Molina, quien solicitó el martes, durante la segunda jornada del juicio, la absolución de su representado por las irregularidades en la instrucción.
En su exposición, el letrado abundó en cuatro cuestiones del caso. De este modo, señaló "las anomalías" en la fase de instrucción del caso llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y, posteriormente, el magistrado Miguel Florit. Cabe recordar que ambos serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por diversos delitos como coacciones, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales.
Entre martes y miércoles, el abogado de Sbert, Antonio Martínez, exigió, en un extenso relato de siete cuestiones previas, la nulidad de toda la instrucción judicial y la expulsión de las acusaciones particulares, así como señaló la vulneración del derecho a un juez imparcial.
El letrado, al final de su exposición, presentó una serie de vídeos y documentos que solicitó a la Sala que puedan ser expuestos. En concreto, uno de ellos es la declaración que Bartolomé Sbert hizo ante el juez Penalva en noviembre de 2017.
En la última jornada, la del jueves, los abogados Jaime Campaner, Eduardo Morey y Daniel Rodríguez Rincón expusieron sus planteamientos ante la Sala en representación de los acusados Joan Miquel Mut, Bartolomé Capó, Nicanor Góngora y Gabriel Torres, todos de la Policía Local de Palma y la Patrulla Verde.
Durante la misma, Fiscalía aclaró que el ex jefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut sólo está acusado de prevaricación y no de omisión de perseguir delito.
Igualmente, entregó las declaraciones por escrito y en formato PDF de cinco acusados --Bartolomé Capó, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Tomás Mas y Daniel Montesinos-- después de que el abogado de la defensa del subsinspector de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, Bartolomé Capó, plantease, en sus cuestiones previas, que "nunca ha declarado en esta causa".
Todas las defensas se opusieron en bloque a que sean admitidas. La magistrada Romero, sin embargo, subrayó que no tenía previsto que ocurriera: "Yo ya no puedo aseverar nada".
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
