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Diario de Mallorca

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ANÁLISIS

El juicio de los ausentes

El arranque del caso Cursach se centra en dos personas que no están en la sala: el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán - Las defensas usan la causa abierta en el TSJB y el giro de los fiscales para vender que la instrucción está llena de falsedades

El exjuez Penalva y el exfiscal Subirán, protagonistas de la primera semana del juicio. B. Ramon

En la Audiencia Provincial se está juzgando una trama de corrupción con el empresario Bartolomé Cursach en el epicentro y 14 policías locales cometiendo delitos para beneficiarle. Parece una obviedad, pero no lo es. Porque en la primera semana del juicio, nada se ha hablado de las presuntas corruptelas del magnate y los agentes a su servicio cometidas durante años. Los protagonistas de estas primeras cuatro sesiones han sido el juez y el fiscal que investigaron el caso, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán. Los abogados defensores no han desaprovechado la munición de calibre grueso que a última hora le facilitaron dos extraños compañeros de cama: la fiscalía con su drástico recorte a tachones del escrito acusatorio y el Tribunal Superior de Justicia con un auto en el que ordena juzgar a Penalva y Subirán por cometer -también presuntamente- un rosario de delitos durante la investigación.

Las consecuencias de ambas decisiones, adoptadas a pocos días de que Cursach y el resto se sentaran en el banquillo, fueron inmediatas. Seis personas entraron el lunes en la Audiencia como acusados y salieron absueltos cuatro horas después. Tres hombres fuertes del empresario, la exdirectora general de Turismo Pilar Carbonell, uno de sus subordinados y un funcionario del ayuntamiento de Palma quedaron exculpados. A la reculada de la fiscalía en sus imputaciones contra ellos se unieron la Abogacía de la Comunidad y las acusaciones particulares.

Los 17 que quedan en el banquillo han lanzado un órdago al tribunal, valiéndose de la nueva posición del ministerio público, el auto del TSJB y sus propias teorías. Los abogados defensores que han salido a la palestra hasta ahora han vendido que los 33 tomos del sumario abierto hace casi una década son papel mojado por las irregularidades de Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. «Era la época del terror», «actuaron con violencia e intimidación», «los testigos son falsos», «no hubo un juez imparcial», «se actuó a espaldas de las defensas», han proclamado con insistencia en sus alegaciones para pedir que se baje la persiana, se apague la luz y todos para casa. «No deberíamos estar aquí», resumió uno de ellos.

Su versión viene a decir que Penalva, Subirán y los de Blanqueo inventaron un entramado mafioso donde no había más que honrados empresarios y honestos policías. Que buscaron testigos fraudulentos, a los que coaccionaron, manipularon y aleccionaron para sostener la mentira y que laminaron los derechos de los acusados de forma sistemática en un caótico proceso judicial que consideran «insalvable». Los mensajes de WhatsApp intervenidos al grupo de investigadores también han salido a la palestra. ¿Y por qué esa inquina? Lo más parecido a un motivo que ha aparecido en el juicio es que la Patrulla Verde de la Policía no hizo caso a Subirán cuando se quejó del ruido de un aparato de aire acondicionado.

En el otro lado de la sala, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz intentan mantener el tipo. Pocas veces el ministerio público ha estado en una situación tan incómoda. Carrau firmó con Subirán el escrito de acusación inicial, a finales de 2018, donde se pedían ocho años y medio de cárcel para Cursach como capo de un grupo criminal que sobornaba a policías y funcionarios para tenerlos a sus órdenes. Diez días antes del juicio, se autocorrigió a tachones para encoger sus imputaciones. Nada de cohecho y un año y medio de cárcel para Cursach. Herranz, enviado desde Madrid, está metido de lleno en la causa contra Penalva y Subirán. Aunque en su respuesta a las defensas han sostenido que el juicio puede y debe continuar, han aprovechado ya varios resquicios para plantear y sembrar dudas sobre lo que puede ocurrir tras el juicio. En una de sus réplicas, Herranz trató de defender que una causa y otra son independientes con un curioso símil: «A un ladrón que sea detenido por un robo no se le puede responsabilizar de todos los robos ocurridos en la zona». No parecen demasiado convencidos. De hecho, en pleno juicio han anunciado una nueva retirada de cargos, esta vez contra el exjefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut. Otra acusación al sumidero.

Bartolomé Cursach, epicentro del presunto entramado mafioso que se sienta en el banquillo. | B. RAMON

En la sala hay además cuatro abogados a los que el resto quieren echar o maniatar. Representan a varios empresarios de la noche, con locales en Palma y Magaluf, que se sienten víctimas del presunto entramado mafioso. Atemperada la fiscalía, son la línea más dura de la acusación, con peticiones de hasta 40 años de cárcel para Cursach. Dicen de ellos que no tienen legitimidad para estar aquí y que su papel debe limitarse a ser la comparsa de los fiscales, pegados a su escrito de acusación. Uno de ellos ha aportado decenas de grabaciones realizadas por Subirán, ha hablado de las «amenazas» al exjuez y el exfiscal -quienes pretende que declaren en el juicio- y de las «palizas recibidas» por testigos de la causa e incluso ha reclamado que se vuelva a la fase de instrucción ante una serie de «trampas e irregularidades», pero cometidas en favor de Cursach. La presidenta del tribunal, Samanta Romero, ha cortado varias veces sus intervenciones. «No asuma la portavocía de terceros», le dijo, verbalizando el runrún de que tiene conexión directa con Penalva y Subirán.

En el estrado, tres magistradas ya bregadas en asuntos tan espinosos como el caso Nóos que deben tomar en los próximos días su primera decisión trascendental: seguir con el caso o dar un sonoro carpetazo. «Yo ya no puedo aseverar nada», lamentó Romero en una de las últimas sesiones de una vista donde de momento se habla más de los ausentes que de los presentes.

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