Los abogados de Cursach y Sbert han sido la punta de lanza de las defensas para expulsar del juicio a las acusaciones particulares, pero habrá más. Los procesados pretenden echar de la vista oral a quienes se consideran afectados por la trama de corrupción, que reclaman más de 39 años de prisión para el magnate frente al año y medio que solicita la fiscalía. «Son falsas víctimas, perjudicados irreales», señaló el abogado de Sbert, que los acusó de «trabajar en comandita con el equipo de investigadores». El fiscal Carrau apuntó: «existen indicios de que su conducta puede estar manipulada, pero no hemos apreciado una prueba taxativa para expulsarlos».

Los letrados de la acusación particular defendieron su legitimidad en el procedimiento. «Somos víctimas y hay que aclarar de qué delitos», apuntó el abogado de varios empresarios afectados. «Agradezco al abogado de Sbert su vehemencia para defender nuestra expulsión de la causa. Eso es que vamos por buen camino», añadió otro.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, cortó en dos ocasiones a la letrada Teresa Bueyes, personada en nombre de dos empresarios de Magaluf, cuando hacía referencia a las «amenazas» y «presiones» al juez Penalva, el fiscal Subirán y varios testigos de la acusación. «No asuma la portavocía de terceros. Dejemos claro su papel en el caso. Está para defender los intereses de Bover y Pedreira [los denunciantes por los que está personada como acusación particular]. Ni más, ni menos», cortó Romero, que ha tenido ya varios rifirrafes con esta letrada.