El fiscal ha mantenido la petición de cárcel por desórdenes públicos para once de los doce acusados por la protesta contra el turismo masivo organizada por Arran en el Moll Vell de Palma en 2017. El ministerio público ha aceptado retirar la acusación a un joven, que afrontaba una petición de tres años de cárcel, al no tener "ninguna prueba" de que estuviera presente en el puerto. Este encausado había ofrecido una entrevista en Diario de Mallorca días después de la protesta en la que se presentaba como portavoz de Arran, pero no asumía su participación en los hechos. 

De este modo, las penas de cárcel solicitadas por la fiscalía para los once acusados suman 26 años después de un juicio que ha quedado visto para sentencia. Las defensas han solicitado la absolución de todos ellos. 

"Me ha sorprendido que los medios hayan bautizado los hechos como 'caso confeti'. Entiendo que se tienen que vender diarios, pero yo le hubiese puesto el nombre de 'caso bengalas'", ha señalado el fiscal en sus conclusiones durante la cuarta y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. 

El ministerio público se ha reafirmado en que la protesta, en la que los manifestantes desplegaron pancartas y lanzaron botes de humo, al menos una bengala y confeti junto a un restaurante del Moll Vell, "supuso un riesgo para clientes, trabajadores y peatones", además de "una alteración de la paz pública". Y se ha remitido al video de la acción difundido en redes por la propia Arran y al testimonio ofrecido durante el juicio por el propietario y trabajadores del restaurante Mar de Nudos, así como el patrón de un barco amarrado en el Moll Vell.

"Una bengala es un elemento pirotécnico, ignífugo. Estamos en un lugar con embarcaciones con combustible y motorización, y aunque su barco es de hiero nos dijo que las embarcaciones amarradas a su lado eran de fibra. Si una bengala llega a combustionar, se hubiesen producido otras circunstancias y aquí ya no estaríamos hablando del caso confeti, señores del cuarto poder", ha señalado el fiscal. 

Nueve de los doce acusados han mantenido durante el juicio que no estuvieron presentes en la protesta, pero el ministerio público ha rechazado la validez de los testimonios y pruebas (cargos en tarjetas de crédito, tickets de transporte público o ubicaciones en conversaciones de WhatsApp) que las defensas han aportado como pruebas.

Asimismo, ha reflexionado sobre el sentido de aquella protesta contra el turismo masivo. "Podemos estar de acuerdo en que hay masificación, pero hay otras maneras de reclamar. Y recuerdo que el turismo es una industria fundamental. Sin turismo, a finales del s XX los mallorquines iban descalzos", ha subrayado.

Las defensas, por su parte, han negado en su turno de palabra que hubiera alteración de la paz pública y riesgo para las personas. Al tiempo, han solicitado que se tengan en cuenta las pruebas aportadas que, desde su punto de vista, corroboran que muchos de sus clientes no estaban presentes en el Moll Vell aquel 22 de julio de 2017. En este sentido, han cuestionado la validez de las identificaciones fotográficas en un registro de la Policía Nacional que en su día realizaron el patrón de un barco de recreo y el propietario del Mar de Nudos. 

"No hubo afectación a la paz pública, para eso se tendrían que haber cometido actos de violencia sobre personas o cosas. Tampoco se ha concretado una amenazada, y los responsables deben haber cometido algo en concreto. Si afirma que una bengala supone riesgo, identifique la persona concreta que la lanzó y concrete el riesgo. Es difícil defenderse porque no sabemos de qué defendernos", indicó Josep de Luis, que representa a ocho de los doce acusados. 

"No hubo alteración de la paz social, eso es lo que ocurre en Santa Catalina de noche con gente que se orina en la puerta y no pasa nada. No hubo alarma de los clientes del restaurante, ni siquiera del propietario, que no habla de ninguna afectación. Tampoco expresó alarma ni un solo viandante, y no hay un informe policial que indique que aquello supuso algún riesgo", ha subrayado otra de las letradas de la defensa.