Seis absoluciones para empezar. El arranque del juicio del caso Cursach sirvió ayer para adelgazar el banquillo de los acusados, con media docena de exculpados al retirarse todos los cargos contra ellos. La exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, tres miembros del núcleo duro del empresario -los directores de Tito’s y su zona VIP, Jaime Lladó y Arturo Segade, y el expolicía Antoni Bergas- y dos funcionarios salieron de la Audiencia Provincial ya exonerados al concluir de la primera sesión de la vista ora. La Abogacía de la Comunidad Autónoma y la única acusación particular que mantenía sus imputaciones contra ellos optaron por seguir los pasos de la fiscalía y retirarlas. El proceso penal queda así limitado a 17 personas: Bartolomé Cursach, su mano derecha en los negocios, Bartolomé Sbert, 14 agentes de la Policía Local de Palma acusados de diversas corruptelas y un funcionario del ayuntamiento de Calvià, con peticiones de hasta 39 años de cárcel por cabeza.
La primera sesión del juicio afianzó las posiciones de las partes, con el ministerio público defendiendo sus rebajas ante el aplauso de las defensas y los reproches de los empresarios denunciantes. El fiscal Juan Carrau, firmante del escrito de acusación inicial presentado a finales de 2018 y de su reciente remiendo a diez días del juicio, justificó al comenzar la vista oral la exculpación de los seis absueltos.
De Pilar Carbonell y el funcionario de Turismo Bernardí Seguí, acusados de prevaricar para favorecer a Cursach, dijo que en la causa «no hay resoluciones suyas susceptibles de ser prevaricadoras» y que «no era viable mantener la acusación». Carbonell estaba acusada de no tramitar sanciones contra locales de Cursach cuando en 2002 trabajaba en el ayuntamiento de Calvià y de continuar este trato de favor, con la ayuda de Seguí, cuando llegó a Turismo y la Policía interceptó unas conversaciones entre ella y Sbert. La abogada de la Comunidad Autónoma, María Ángeles Berrocal, se sumó a la exculpación de ambos: «Intentamos actuar con objetividad. Estamos convencidos de que, revisada la prueba de forma concienzuda, los hechos no encajan en ningún tipo penal». Retirados los cargos contra Carbonell y Seguí, a los únicos que acusaba, Berrocal se marchó de la sala con el beneplácito del tribunal. También el abogado Álvaro Martín, que ejerce la acusación en nombre de varios empresarios de la noche, retiró las acusaciones contra ellos, por lo que ya no quedó nadie imputándoles delitos.
Con Lladó, Segade y Bergas pasó tres cuartos de lo mismo. Carrau argumentó que las acusaciones contra ellos por organizar orgías con prostitutas y drogas para policías en Tito’s y pagar sobornos a cambio del trato de favor recibido «se basaban en testimonios claramente falsarios», aludiendo al camarero de la discoteca que aseguró haber presenciado estas fiestas. El fiscal recordó que acusa en otro procedimiento a este testigo por falso testimonio y «por congruencia», debía retirar los cargos contra ellos. Las dos acusaciones particulares que sostenían sus imputaciones hicieron lo mismo y los tres quedaron así absueltos de facto. En idéntica situación acabó el celador de obras del ayuntamiento de Palma, ya jubilado, Julián Garau. Ninguno de estos seis acusados deberá volver al juicio al quedar ya libres de cualquier imputación, como acordó el tribunal tras retirarse a deliberar durante unos minutos.
«Ni olvido ni perdón»
Los exculpados se mostraron satisfechos por la resolución del caso para ellos e insistieron en su inocencia. «Nunca favorecí al señor Cursach, a quien ni conozco, ni a ningún otro empresario. La verdad aflora, pero me gustaría saber qué hay de verdad en este caso. El que haya hecho las cosas mal, que lo tenga en su conciencia», declaró Carbonell a su salida de la Audiencia. Jaime Lladó fue mucho más allá: «No olvido ni perdono. Tomaré las medidas necesarias para que las personas que me han hecho daño de esta manera tan gratuita paguen por sus delitos. Esto no ha acabado aquí».
La situación es diferente para el que fuera director general de Comercio del ayuntamiento de Calvià Jaime Nadal, sospechoso de haber actuado en favor de Cursach cuando se investigó la licencia de actividades de la discoteca BCM. La fiscalía también retiró los cargos contra él, pero una de las acusaciones particulares -la de los empresarios de Magaluf- mantiene sus imputaciones por prevaricación, por lo que de momento sigue en el banquillo. Su abogado alegó que esa parte no tiene legitimidad para mantener los cargos, ya que presentaron su escrito de acusación fuera de plazo y su papel es de «adhesión a la fiscalía».
La sesión de ayer, en la que no hubo tiempo más que para las cuestiones previas planteadas por las acusaciones particulares, dejó clara también la posición de las defensas. Los abogados anunciaron que plantearán una avalancha de solicitudes de nulidad de todo el procedimiento, basadas casi por completo en la actuación del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, que serán juzgados por sus presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción.
Este alud de cuestiones previas dilatará durante varias jornadas el arranque del juicio como tal. A lo largo de los próximos días, las defensas plantearon sus peticiones de nulidad, a las que deben responder una a una el resto de partes. El tribunal ya anunció ayer que cuando acabe este trámite necesitará un tiempo para resolverlas y dictar un auto que clarifique la situación. Las declaraciones de los 17 acusados que quedan en el banquillo todavía tardarán en llegar y algunos de los abogados aventuran que no serán hasta después del verano. De momento, la vista oral sigue hoy con más cuestiones previas.
