Los abogados de las acusaciones particulares cargaron con dureza contra el drástico tijeretazo de sus acusaciones que la fiscalía presentó diez días antes del juicio. «Es incomprensible», «nada relevante ha pasado que lo justifique», afirmaron los letrados Álvaro Martín y Teresa Bueyes, que representaron a varios de los empresarios denunciantes. Estas dos partes solicitaron la nulidad de las modificaciones que, en el caso de Bartolomé Cursach, rebajan la petición de condena de 8,5 años de cárcel a uno y medio al desvincularle casi por completo de la trama de corrupción en la Policía Local y exculparle del delito de cohecho por pagar sobornos a los agentes.
«No se entienden los motivos», consideró Martín sobre el cambio de tesis de la fiscalía. El abogado destacó que el auto que amplía las acusaciones contra el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán «solo afecta a las causas de la ORA, no a este procedimiento». «Nada relevante ha pasado para justificar la retirada», sentenció. En el mismo sentido, Bueyes calificó de «incomprensible» la nueva posición del ministerio público. «Sorprende que la fiscalía haga el cambio a 10 días del juicio. No se comprenden las rebajas de condenas y no se entiende que [la fiscalía] impute a Cursach un delito de coacciones y no pida ninguna pena por él», apuntó la letrada que también pidió la nulidad de esta modificación.
El fiscal Juan Carrau argumentó que el cambio de su escrito de acusación pretendía «no generar indefensión» al resto de partes y justificó que el cambio consista en tachar páginas enteras del documento porque «la ley no permite modificar los hechos». Los abogados defensores aplaudieron y defendieron el giro de la fiscalía, que tanto beneficia sus intereses. El letrado de Cursach, Enrique Molina, aludió en dos ocasiones a Carrau como «Don Juan» y sentenció: «Puede hacer lo que le dé la gana». Miguel Arbona, abogado de Pilar Carbonell, se preguntó «qué intereses mueven a las acusaciones» para solicitar la nulidad del escrito fiscal, mientras Gaspar Oliver calificó de «ilegítimos» los intereses de las acusaciones particulares.
El tribunal deliberó sobre esta cuestión apenas unos minutos y dio luz verde al nuevo escrito de acusación de la fiscalía. La magistrada que preside el juicio, Samanta Romero, argumentó que «la fiscalía solo tiene la obligación de no incorporar hechos nuevos, y lo ha respetado». «Este tribunal no puede entrometerse en el principio acusatorio», sentenció, para anunciar que desestimaban las alegaciones y el escrito de la fiscalía queda incorporado al procedimiento.
Vuelta a instrucción
Bueyes, que representa a dos empresarios de Magaluf que denunciaron la corrupción en torno a Cursach, pidió suspender el juicio y devolver la causa al juzgado de instrucción para añadir nuevos hechos acusatorios y pedir nuevas pruebas. «Se han vulnerado derechos de mis clientes, se han cometido trampas, irregularidades procesales que no quisiera pensar que tengan algo que ver con tan poderoso acusado como es el señor Cursach», dijo. Esta acusación provocó que Romero la cortara de inmediato para pedir que si lanzaba esas acusaciones contra la Administración de Justicia debía aportar pruebas de ello.
Los abogados defensores, aunque animaron al tribunal a admitir esta nulidad para zanjar así el proceso penal y absolver a todos los procesados, consideraron que «no es viable».
