El primer folio del sumario está fechado el 25 de octubre de 2013. El juzgado de instrucción número 12 de Palma, entonces en manos de la magistrada Carmen González, empezó a investigar las corruptelas de un grupo de agentes de la Policía Local de Palma. El avance de las pesquisas dibujó un laberíntico entramado de corrupción empresarial, política y policial con decenas de implicados y una figura central: Bartolomé Cursach. Con la llegada del juez Manuel Penalva -ahora investigado por cometer diversas irregularidades junto al fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán-el caso entró una vertiginosa espiral y se desgajó en varias causas con decenas de personas encarceladas e imputadas por servir a cualquier precio al ‘Rey de la Noche’ y sus negocios. Nueve años después, tras un tormentoso camino, la pieza principal del procedimiento desemboca en un juicio plagado de incertidumbres.

A partir del lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se sentarán 24 personas por un rosario de delitos: grupo criminal, prevaricación, cohecho, coacciones, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, revelación de secretos, amenazas y usurpación de funciones. Por un lado están el propio Bartolomé Cursach y su núcleo duro en los negocios: Bartolomé Sbert, Jaime Lladó, Arturo Segade y Antoni Bergas. Por otro, 14 miembros de la Policía Local de Palma acusados de cometer todo tipo de ilegalidades para beneficiar al Grupo Cursach. La implicación de estos agentes, varios de los cuales pasaron largas temporadas en prisión provisional y fueron suspendidos de empleo y sueldo, abrió una herida en el cuartel de Sant Ferran todavía por cicatrizar. El tribunal debe dirimir si estos policías, entre ellos el que fuera jefe del cuerpo Joan Miquel Mut y varios oficiales de la Patrulla Verda y Grup d’Actuació Preventiva (GAP), hostigaron sistemáticamente a una veintena de locales nocturnos cercanos a las discotecas de Cursach con redadas e inspecciones injustificadas y desproporcionadas. El objetivo era ahuyentar a los clientes para que se fueran a los negocios del magnate. Este, a cambio, los habría sobornado con orgías, drogas y regalos de toda índole. Algunos de los agentes están acusados de actuar también en beneficio propio, exigiendo mordidas y favores sexuales a los perjudicados a cambio de no actuar contra ellos. Además, las pocas sanciones que imponían a los establecimientos del Grupo Cursach se perdían por el camino y los agentes que alzaban la voz contra esta corrupción sufrían represalias.

En la trama habría una tercera pata, la de la administración pública. En el banquillo estará también la ex directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell -que dimitió al ser imputada en la causa-, uno de sus subordinados y dos funcionarios de los Ayuntamientos de Palma y Calvià por beneficiar ilegalmente a Cursach.

La fiscalía modifica su escrito de acusación

A solo unos días del inicio del juicio, la fiscalía ha mutilado buena parte de su escrito de acusación, firmado en diciembre de 2018 por Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau. El propio Carrau y su compañero Tomás Herranz, basándose en las presuntas ilegalidades de Penalva y Subirán y concluyendo que muchos testigos mintieron, han tachado decenas de páginas del documento por considerar ahora «inverosímiles» algunos relatos, como las fiestas sexuales en Tito’s, y no apreciar actos delictivos en otros. El resultado es una tesis que desvincula a Cursach y los suyos de las actuaciones policiales corruptas -salvo en un solo episodio- y niega que el empresario sobornara jamás a los agentes.

De este modo, rebaja su petición de condena para Cursach de 8,5 años de cárcel a 1,5 años y exculpa a Lladó, Segade y Bergas. Olvidado el cohecho, la fiscalía rebaja también las penas para buena parte de los policías, aunque algunos siguen enfrentándose a más de nueve años de prisión. Y para Carbonell y el resto de funcionarios también reclama la absolución. Contra todos ellos, sin embargo, siguen actuando el resto de acusaciones.

La Audiencia ha reservado nueve meses y casi 150 sesiones para el juicio. Es la hora de la verdad. Aunque solo sea la judicial.

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Concluye la sesión. El juicio ha superado ya su segunda fase, tras las cuestiones previas y la declaración de los 17 acusados. La vista queda ahora suspendida hasta el próximo 10 de octubre. Muchas gracias por la atención. Siga toda la actualidad en www.diariodemallorca.es.

La presidenta del tribunal explica a los acusados que tienen derecho a no estar presentes en el resto de sesiones, excepto en las conclusiones, los informes y la última palabra. "Entendemos que un juicio de esta duración puede causar inconvenientes", expone Romero. Todos, salvo Cursach y Sbert anuncian que no acudirán salvo a las declaraciones de los testigos que les incumban.

El tribunal ya ha anunciado que el juicio quedará suspendido hasta el próximo 10 de octubre, cuando empezarán a declarar los testigos.

El abogado Gaspar Oliver anuncia que, por el momento, las defensas no renuncian a ninguno de los 355 testigos y peritos.

Una de las conversaciones propuestas es entre uno de los acusados y su abogado. "Esto no debería ni estar en la causa", asegura la presidenta del tribunal. Y advierte que tras analizarla "será expulsado de la valoración de la prueba" si se detecta que ha podido afectar al derecho de defensa.

El tribunal continúa rechazando, tras realizar las comprobaciones oportunas, varios documentos propuestos por Bueyes.

El tribunal está examinando el sumario para comprobar si los documentos propuestos por Bueyes pueden ser admitidos. "Madre mía, qué locura", se ha oído decir a la presidenta, Samantha Romero.

El abogado de Cursach, Enrique Molina, está planteando objeciones a algunas de las conversaciones propuestas por Bueyes, ya que en ellas aparecen personas que no están acusadas ni propuestas como testigos. El tribunal está inadmitiendo estas intervenciones.

Bueyes ha acotado qué pinchazos telefónicos quiere introducir como prueba en el juicio, como le había pedido el tribunal. Las defensas examinan el documento presentado por la abogada.

Se reanuda la sesión.

Receso para que los abogados defensores debatan si pueden renunciar a alguno de los 355 testigos y peritos.

El tribunal señala que por el momento hay 355 testigos y peritos citados en el juicio. El abogado Gaspar Oliver solicita un breve receso para que las defensas traten de adelgazar el listado.

El exalcalde de Calvià Carlos Delgado declarará como testigo a petición de la defensa de Bartolomé Sbert.

El tribunal también reprocha a Bueyes que no ha acotado qué intervenciones telefónicas a los acusados deben ser examinadas como prueba, pese a que en abril se requirió a la acusación particular que lo hiciera como máximo 15 días antes del juicio. La abogada replica que en ese momento no estaba personada todavía en el proceso y Bueyes pide ahora "unos minutos" para hacerlo.

Bueyes pide un tiempo para hacerlo, pero la magistrada Samantha Romero señala que se dio un plazo que ya ha vencido. "El tribunal no puede hacer distingos entre las partes", le advierte. "Por la complejidad de la causa estamos siendo mucho más flexibles, pero lo que no podemos hacer ahora es concederle un nuevo plazo", expone Romero.

La magistrada reprocha a la abogada Teresa Bueyes que no haya concretado, pese a los anteriores requerimientos de la sala, la pertinencia de algunos testigos que ha propuesto y la aportación de ciertos documentos.

La magistrada Rocío Martín pide ahora a las partes algunas aclaraciones sobre los testigos que han propuesto para el juicio. La sala debe fijar ahora el calendario y establecer cuándo empezarán las declaraciones testificales.

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