La fiscalía mantiene en su escrito de acusación contra Bartolomé Cursach la imputación por un delito de coacciones por el que sin embargo no reclama ninguna condena. El ministerio público, en su reforma a base de tachones de su versión de los hechos, considera a Cursach autor de este ilícito pero la solicitud de pena, fijada en principio en dos años de cárcel, aparece eliminada. Este error no ha sido subsanado tras la presentación del documento en la Audiencia Provincial de Palma, donde el próximo lunes arranca el juicio por la macrocausa, han explicado fuentes personadas en el procedimiento.
Sobre el papel, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz han rebajado su petición para Cursach de 8,5 a 1,5 años de prisión. En la quinta conclusión del escrito de acusación, señala que procede imponer al empresario 18 meses de cárcel y 15 años de inhabilitación «para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, por sí o mediante uso de sociedad», por un delito de grupo criminal, así como otros 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada. Las otras dos penas que la fiscalía solicitaba inicialmente -en el escrito firmado en 2018 por el propio Carrau y Miguel Ángel Subirán- aparecen tachadas. Son la de cinco años de cárcel por cohecho continuado y la de otros dos años de prisión por coacciones.
Este último delito sí se mantiene para Cursach en la conclusión tercera del mismo escrito en el que considera al empresario «responsable en concepto de autor [...] en tanto que inductor de los delitos de coacciones».
Esta incongruencia entre las conclusiones del ministerio público plantea dudas sobre qué delitos atribuye el ministerio público a Cursach y cuál es la pena real que reclama para él. De hecho, su mano derecha en los negocios -el director general del grupo empresarial, Bartolomé Sbert- se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel por coacciones, grupo criminal y prevaricación.
Está por ver cómo y cuándo corrige el ministerio público esta incoherencia en sus planteamientos. Carrau y Herranz presentaron la semana pasada una gran modificación de las tesis con las que el ministerio público se presenta en el juicio a Cursach, cuatro miembros de su empresa, 14 policías locales, la exdirectora general de Turismo Pilar Carbonell y tres funcionarios. Los fiscales optaron por no redactar un nuevo escrito, sino que tacharon buena parte del anterior para exculpar a varios de los implicados y rebajar los delitos y las penas solicitadas para otros.
