El primer folio del sumario está fechado el 25 de octubre de 2013. El juzgado de instrucción número 12 de Palma, entonces en manos de la magistrada Carmen González, empezó a investigar las corruptelas de un grupo de agentes de la Policía Local de Palma. El avance de las pesquisas dibujó un laberíntico entramado de corrupción empresarial, política y policial con decenas de implicados y una figura central: Bartolomé Cursach. Con la llegada del juez Manuel Penalva -ahora investigado por cometer diversas irregularidades junto al fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán-el caso entró una vertiginosa espiral y se desgajó en varias causas con decenas de personas encarceladas e imputadas por servir a cualquier precio al ‘Rey de la Noche’ y sus negocios. Nueve años después, tras un tormentoso camino, la pieza principal del procedimiento desemboca en un juicio plagado de incertidumbres.
A partir del lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se sentarán 24 personas por un rosario de delitos: grupo criminal, prevaricación, cohecho, coacciones, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, revelación de secretos, amenazas y usurpación de funciones. Por un lado están el propio Bartolomé Cursach y su núcleo duro en los negocios: Bartolomé Sbert, Jaime Lladó, Arturo Segade y Antoni Bergas. Por otro, 14 miembros de la Policía Local de Palma acusados de cometer todo tipo de ilegalidades para beneficiar al Grupo Cursach. La implicación de estos agentes, varios de los cuales pasaron largas temporadas en prisión provisional y fueron suspendidos de empleo y sueldo, abrió una herida en el cuartel de Sant Ferran todavía por cicatrizar. El tribunal debe dirimir si estos policías, entre ellos el que fuera jefe del cuerpo Joan Miquel Mut y varios oficiales de la Patrulla Verda y Grup d’Actuació Preventiva (GAP), hostigaron sistemáticamente a una veintena de locales nocturnos cercanos a las discotecas de Cursach con redadas e inspecciones injustificadas y desproporcionadas. El objetivo era ahuyentar a los clientes para que se fueran a los negocios del magnate. Este, a cambio, los habría sobornado con orgías, drogas y regalos de toda índole. Algunos de los agentes están acusados de actuar también en beneficio propio, exigiendo mordidas y favores sexuales a los perjudicados a cambio de no actuar contra ellos. Además, las pocas sanciones que imponían a los establecimientos del Grupo Cursach se perdían por el camino y los agentes que alzaban la voz contra esta corrupción sufrían represalias.
En la trama habría una tercera pata, la de la administración pública. En el banquillo estará también la ex directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell -que dimitió al ser imputada en la causa-, uno de sus subordinados y dos funcionarios de los Ayuntamientos de Palma y Calvià por beneficiar ilegalmente a Cursach.
La fiscalía modifica su escrito de acusación
A solo unos días del inicio del juicio, la fiscalía ha mutilado buena parte de su escrito de acusación, firmado en diciembre de 2018 por Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau. El propio Carrau y su compañero Tomás Herranz, basándose en las presuntas ilegalidades de Penalva y Subirán y concluyendo que muchos testigos mintieron, han tachado decenas de páginas del documento por considerar ahora «inverosímiles» algunos relatos, como las fiestas sexuales en Tito’s, y no apreciar actos delictivos en otros. El resultado es una tesis que desvincula a Cursach y los suyos de las actuaciones policiales corruptas -salvo en un solo episodio- y niega que el empresario sobornara jamás a los agentes.
De este modo, rebaja su petición de condena para Cursach de 8,5 años de cárcel a 1,5 años y exculpa a Lladó, Segade y Bergas. Olvidado el cohecho, la fiscalía rebaja también las penas para buena parte de los policías, aunque algunos siguen enfrentándose a más de nueve años de prisión. Y para Carbonell y el resto de funcionarios también reclama la absolución. Contra todos ellos, sin embargo, siguen actuando el resto de acusaciones.
La Audiencia ha reservado nueve meses y casi 150 sesiones para el juicio. Es la hora de la verdad. Aunque solo sea la judicial.
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
