Las principales acusaciones particulares que estarán presentes en el juicio del caso Cursach no se han dejado arrastrar por las rebajas en las penas que ha planteado ahora la fiscalía Anticorrupción. Los abogados que representan a los principales perjudicados por la trama, algunos de ellos arruinados económicamente, piensan mantener todos los delitos que inicialmente también imputaba la fiscalía Anticorrupción, pero que ahora tendrán que defenderlos en solitario ante el tribunal. Aunque no cuenten con el respaldo del fiscal, estas acusaciones no rebajarán ni las penas de prisión que reclaman, ni tampoco eliminarán a ninguno de los investigados en la lista de acusados. Por tanto, a pesar del drástico cambio de criterio del fiscal Carrau, todos los acusados, entre empresarios, políticos y policías locales de Palma, tendrán que estar presentes en el inicio del juicio y deberán ocupar el banquillo de los acusados.

Las acusaciones las representan empresarios del negocio del ocio, que afirman que Cursach y sus empleados se beneficiaron de su influencia, entre los políticos y los policías locales, para perjudicar a los negocios de la competencia. Perjuicio que se producía a través de insistentes inspecciones y redadas pidiendo siempre los mismos documentos, en horas de máxima afluencia de público. Además, también sostienen que sus negocios recibían muchas más sanciones económicas que los del Grupo Cursach, cuando los empleados multados realizaban la misma labor de captación de clientes. Un grupo de empresarios, con intereses en el Passeig Marítim y en Calvià, afirma que sus negocios sufrieron un acoso constante de la Policía Local de estos municipios, una situación que les llevó a sufrir un importante perjuicio económico, que ahora reclaman a Cursach, de más de ocho millones de euros.

Otra de las acusaciones la ejerce un empresario con negocios en la plaza Illes Pitiüses de Magaluf, que junto a su encargado, afirma que los empleados de Cursach se dedicaron a perjudicar todos sus locales de ocio, para evitar que pudieran atender a clientes extranjeros. Este empresario perjudicado asegura que el Grupo Cursach contaba con el beneplácito de funcionarios del ayuntamiento de Calvià, que permitían las irregularidades urbanísticas de sus negocios, y de la Policía Local, que no acudía a los requerimientos telefónicos que realizaban cada vez que se producía un incidente en esta plaza de Magaluf.

La acusación que plantea este empresario, a través de la conocida abogada Teresa Bueyes, es la más dura de todas las que se han presentado en este proceso. Si bien es cierto que únicamente acusa a Cursach, Sbert y al exdirector general del ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, al magnate de la noche le reclama una condena de 36 años de cárcel por los graves delitos que le imputa. Esta acusación se desmarca de todos los hechos investigados en Palma, ya que solo le afectan los que ocurrieron en Calvià. Por eso no acusa a ninguno de los policías locales que serán juzgados.