Un agente de la Policía Nacional, que estaba destinado en la comisaría de la Platja de Palma, ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de una cartera que había sido robada y que fue encontrada por unos turistas. Estas personas llevaron el bolso, que habían encontrado en unos baños públicos, a la comisaría y se la entregaron a este agente de Policía, que se encontraba prestando un servicio de seguridad en la puerta del edificio público. Después se demostró que el funcionario rebuscó por el interior de la cartera, encontró 40 euros y se los metió en la cartera. Sin embargo, este hurto fue descubierto y denunciado ante el juzgado. Esta infracción se cometió en el mes de marzo del año 2020.
Debido a que se trató de una cantidad económica menor, que no alcanzaba la categoría de delito, el agente fue acusado de una falta. El juzgado de instrucción de Palma le condenó por dicha falta, al quedar demostrado que se había quedado con el dinero de la cartera que le habían entregado.
Esta sentencia penal, además de la propia sanción que le impuso el juzgado, motivó el inicio de un procedimiento disciplinario dentro de la Policía. Los funcionarios que son condenados por una infracción dolosa reciben, habitualmente, una sanción disciplinaria, que puede incluso suponer su expulsión de la Policía, en función de la gravedad de los hechos. En este caso la Dirección General de la Policía, tras tramitar dicho expediente administrativo, consideró que los hechos cometidos por este policía de Palma eran graves. De ahí que se le impusiera una sanción de suspensión de funciones por un periodo de cinco meses.
Sin embargo, el agente no estuvo conforme con el tiempo de suspensión y acudió a los tribunales al entender que la sanción era desproporcionada. Un tribunal de Madrid le ha dado en parte la razón y ha limitado la sanción de suspensión en únicamente un periodo de seis días.
El acusado se ha beneficiado de la modificación legal por la cual se despenalizaron las faltas. Aun así, los jueces consideran que el comportamiento de este agente del orden es grave. Recuerda la sentencia que los hechos se cometieron cuando el funcionario estaba actuando como policía, en un servicio profesional desarrollado a las puertas de la comisaría.
Para el tribunal la importancia de la infracción no está en la cantidad económica que se metió el funcionario en el bolsillo. Lo importante es la gravedad de la conducta que cometió y el daño que representa para la imagen que tiene la Policía Nacional frente a los ciudadanos.
El régimen disciplinario contempla un abanico de sanciones frente a comportamientos irregulares de los policías. Las sanciones menos graves pueden sancionarse desde los cinco días a los tres meses de suspensión. Para fijar dicha sanción se atienden varios criterios, como la intencionalidad, la reincidencia y el historial delictivo del agente investigado.
Analizando todas las circunstancias que rodean este caso y coincidiendo el tribunal con la Dirección General de la Policía que los hechos investigados son graves, finalmente la sentencia fija la sanción de seis días de suspensión, teniendo en cuenta que el hurto se produjo durante el servicio de seguridad.
