Las sanciones por incumplimientos de las normas covid, pese a que en estos momentos no estén en vigor, se quedarán por si fuera necesario volverlas a aplicar. Estarán reguladas por una ley aprobada ayer por el Parlament y que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Ello se debe a que en el caso de que se vuelvan a producir olas importantes de contagio exista un marco legal para poder aplicar sanciones, ya que hasta el momento no existía y en 2021 se tuvo que aprobar un decreto por la vía de urgencia.

Un decreto del Govern aprobado en diciembre de 2021 introducía modificaciones puntuales en normativa muy variada. Entre ellas las sanciones por incumplimientos de normas covid no existentes hasta el momento. Este decreto fue validado el pasado mes de febrero y ayer la cámara autonómica lo convirtió en ley.

La norma tipifica como sanción grave o muy grave que los establecimientos de ocio, bares, restaurantes, gimnasios, conciertos o eventos deportivos, entre otros, no controlen si sus clientes o espectadores cuentan con el certificado covid. Hay que recordar que este decreto fue aprobado en julio de 2020 cuando todavía no se exigía el pasaporte covid. Si bien estas exigencias no están en estos momentos en vigor, el Govern lo que pretende es tener un marco legal por si en el futuro tienen que volver a aplicarlas.

Las sanciones pueden ir de 100 a 300 euros para las leves, de 3001 a 60.000 euros las graves y de 60.001 a 600.000 euros en el caso de las consideradas muy graves. Esta normativa se aprobó vía decreto ante la urgencia del momento que exigía a los establecimientos solicitar el certificado covid con la pauta completa de vacunación a sus clientes. Asimismo, se contemplan estas sanciones en las infracciones o omisión de las obligaciones de la Comunidad Autónoma o del Estado para hacer frente a crisis sanitarias, como es el caso de la covid-19. Todo ello en el supuesto de que puedan provocar un riesgo o un daño grave para la salud de la población.

Moratoria salas de juego

De igual modo, quedará regulada por ley una moratoria de 18 meses para licencias de salas de juego y casinos. Todo ello a la espera de que se apruebe una ley específica del juego en Balears. Esta moratoria también emana del decreto ley aprobado a finales del pasado año y se establece en base a que durante la pandemia se incrementó la adicción al juego y la administración debe velar para erradicar las conductas adictivas.