Por cada cuatro residentes en Baleares que reciben sus ingresos del sector privado, hay tres que los consiguen a través de las arcas de las Administraciones públicas, ya sean funcionarios, pensionistas o desempleados que perciben una ayuda pública. Las islas se encuentran entre una de las comunidades con menor dependencia del dinero público, frente a otras, como la asturiana, en la que el segundo grupo supera al primero.
La última encuesta de población activa (EPA), correspondiente al primer trimestre de este año, cifra en 532.200 las personas ocupadas del archipiélago, y señala que 442.900 de ellas tienen un puesto de trabajo en el sector privado, frente a las 89.300 que se enmarcan en el sector público. Hay que tener en cuenta que el primero de estos grupos aumenta de forma considerable durante el tercer trimestre de cada ejercicio, coincidiendo con la máxima actividad económica derivada de la temporada turística.
Pero a la segunda de estas cifras, correspondiente a los trabajadores del sector público, hay que sumar la de aquellas personas que consiguen sus ingresos a través del sistema de pensiones, que al cierre de marzo sumaban en Balears las 200.837, según los datos de la Seguridad Social. De ellas, 131.774 corresponden a pensiones de jubilación, 44.804 a las de viudedad, y 17.873 a las de incapacidad permanente, por citar las más significativas.
Hay que incluir también a aquellos residentes en las islas que están cobrando alguna ayuda pública vinculada al desempleo, y que a finales de marzo ascendían a 28.161, según la información facilitada por la conselleria de Trabajo.
El resultado es que frente a esos casi 443.000 baleares que obtienen sus ingresos de las empresas privadas o como autónomos, hay algo más de 318.000 que se nutren del dinero público.
Para completar la población del archipiélago habría que sumar a aquellos que no dependen de ninguna de esas dos fuentes de ingresos, como los niños, los estudiantes, las personas que se dedican exclusivamente a las labores del hogar o la población extranjera retirada que vive en las islas de las pensiones que está cobrando de su país de origen, por citar algunos ejemplos.
Según destacan los economistas consultados, un aspecto a destacar es que el archipiélago está entre las autonomías en la que ese peso del sector privado es mayor.
Para empezar, la población balear se ha visto notablemente rejuvenecida con la llegada de inmigración, al tratarse en una gran parte de personas jóvenes que han viajado hasta las islas en busca de un futuro laboral, de ahí que sea una de las zonas que presenta un menor porcentaje de pensionistas, con una proporción de 2,6 ocupados por cada uno de ellos (como referencia, Asturias tiene una proporción de menos de 1,3).
Además, el peso del sector público es relativamente bajo en relación al conjunto del país, lo que supone un menor porcentaje de empleo en las Administraciones en relación al sector privado.
Por último, las islas presentan unas tasas de desempleo inferiores a las de la media estatal, lo que hace necesario un menor abono de ayudas vinculadas al paro.
Todo lo expuesto se da pese a que la pandemia ha provocado que el empleo público balear, ante la necesidad de reforzar algunos de sus servicios como los sanitarios, haya crecido a una velocidad superior al privado.
Según la encuesta de población activa, las islas han pasado de las 438.000 personas vinculadas al sector privado contabilizadas durante el primer trimestre de 2019 a las 442.900 del mismo periodo del presente ejercicio, con un aumento del 1,1%.
La evolución del empleo público de Balears ha sido mucho más intensa. Durante esos tres años, se ha ido de los 78.100 a los 89.300 ocupados, en este caso con incremento del 14,3%.
Un dato a recordar: los salarios y pensiones medias del archipiélago son inferiores a la media española.
