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Diario de Mallorca

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El alquiler turístico afirma que el Govern «quiere cargarse a nuestro sector»

El GOB aplaude la norma pese a que la cree «insuficiente»

Varios turistas cruzan con sus maletas la peatonal calle Sant Miquel.

La patronal del alquiler turístico, Habtur, arremetió ayer con dureza contra el Govern por impulsar en la Ley Turística el decrecimiento del 50% de las plazas que se intercambien o bien se den de baja por cese de actividad. Su presidente, Toni Barceló, afirmó en IB3 que «el Govern está dispuesto a cargarse a nuestro sector».

Barceló aportó cifras a sus afirmaciones apuntando: «Con la moratoria ya nos han quitado 90.000 plazas de alquiler turístico y las 15.000 que tenemos en reserva para nuevas casas vacacionales se quedarán en 7.000, una cifra del todo imposible para mantener la actividad del sector en Balears». El presidente de Habtur también aseguró que el tipo de alojamiento que ellos ofrecen «no busca hoteles ni zonas masificadas, busca otro tipo de turismo y con la Ley Turística que impulsa el actual Govern va a quedar reducida a la mínima expresión».

Los establecimientos hoteleros o casas de alquiler vacacional que querían abrir sus puertas tenían dos opciones, hasta que se decretó la moratoria temporal de plazas para elaborar la Ley Turística. La primera era comprar plazas de otro establecimiento que no las utilice o decida cerrar su negocio, lo que ocurre en la mayoría de ocasiones. La segunda opción era acudir a la bolsa oficial de plazas que tiene la administración y por unos 3.500 euros por unidad adquirir las necesarias para abrir su hotel o casa vacacional.

La propuesta de Més per Mallorca, aceptada por el PSOE que gestiona la conselleria de Turismo y Podemos, significará reducir a la mitad estas plazas que se transaccionen entre particulares o se saquen de la bolsa oficial de plazas. En el caso de la venta de plazas entre particulares, la actual normativa turística del año 2017 establece que se debe comunicar la operación a la administración turística y cuando se produzca será cuando apliquen esta reducción de la llamada fórmula del 2x1.

Desde el Govern pretenden también evitar la especulación con el mercadeo de plazas que pueden existir entre establecimientos turísticos y casas de alquiler vacacional.

Según algunos cálculos, el decrecimiento que podría provocar este apartado de la Ley Turística estaría entre 1.000 y 5.000 plazas anuales. Los datos del Consell señalan que en los dos últimos años se realizaron intercambios de unas 6.000 plazas desde la bolsa oficial que ahora se quedarán en solo unas 3.000.

El GOB aplaude la norma

Desde el grupo ecologista GOB aplaudieron la iniciativa para decrecer en plazas turísticas que los partidos del Pacto introducirán en el Ley Turística. La portavoz del GOB, Margalida Ramis, afirmó ayer al respecto de esta norma adelantada por este periódico que «se trata de un paso importante, pero creemos que todavía es insuficiente». La dirigente ecologista apostó por otras medidas más contundentes, como es el caso de la limitación de cruceros en el puerto de Palma.

El Pi cree que es testimonial

Josep Melià, portavoz de El Pi en el Parlament, consideró que la fórmula del 2x1 impulsada por el Govern para el decrecimiento tendrá efectos testimoniales. «Sirve para un titular, ya que creo que los efectos para decrecer serán mínimos», aseveró Melià.

Según Melià: «Desde el año 2017, con la Ley Turística de Biel Barceló, solo pueden transaccionarse las plazas que han sido adquiridas onerosamente, es decir compradas». El diputado de El Pi recordó que todas las plazas que tienen los establecimientos que fueron construidos desde los años 50 a 2017 no entran en esta regulación. Añadió que «es una norma contra el alquiler turístico».

Compromiso de producto local Piden que se tenga en cuenta la producción ecológica

La Xarxa de Pagesos Ecològics, integrada por Apaema, Apaem y Apaeef, pidió ayer que en el compromiso de compra de producto local por parte de los establecimientos turísticos, «se tenga en cuenta a los pequeños productores y la producción ecológica». Se quejan porque ninguna de todas las asociaciones de productores ecológicos de las Islas, ni tampoco su consejo regulador, el Cbpae, fueron invitadas a las reuniones que se han celebrado.

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