La reforma que va a acometer Aena en Son Sant Joan ha provocado que salte otra liebre. Se trata de los trabajadores del Centro de Control de Palma, dependiente de Enaire, el gestor de la navegación aérea. Su comité de empresa se está movilizando a raíz de conocer cómo les afectará las obras del ente y sacan a la palestra que es el momento de abrir un debate público para que se construya una nueva sede en Mallorca, fuera del recinto aeroportuario, en lugar de que se remodele el edificio que ocupan en el recinto, como planea Enaire, que tiene más de treinta años.
Esta es una de sus reivindicaciones. Además de reclamar transparencia a Enaire, la empresa pública del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que cuenta con cuatro centros de control (en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria) más el del Palma.
El jueves Més per Mallorca denunció en rueda de prensa que Enaire quería eliminar el Centro de Palma y trasladar a sus 340 trabajadores al de Barcelona, según expusieron el diputado Josep Ferrà y el senador Vicenç Vidal. Además de que cargar contra la remodelación del aeropuerto, proyecto que rechazan, en esta ocasión criticaron cómo afectará a los trabajadores de Enaire. Su comité de empresa ha hecho una ronda con los partidos políticos (Vox no les ha recibido).
La empresa del ministerio que lidera Raquel Sánchez salió ayer al paso de estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter. «Enaire no va a eliminar la Región de Control Balear y tampoco va a trasladar su Centro de Control ni a sus 340 trabajadores en Baleares fuera de Palma, tal y como ha respondido a varias preguntas parlamentarias». Y continúa: «La Región de Control Balear ha sido, es y va a seguir siendo clave para la gestión del tráfico aéreo y como palanca del turismo en España».
«La Región de Control Balear es clave para la gestión del tráfico y como palanca del turismo», dice Enaire
«Agradecemos que no se alimenten rumores y bulos basados en ‘temores’ o ‘sospechas’ infundadas», concluye la entidad pública.
Los trabajadores siguen intranquilos. El ingeniero Jordi Toledo, secretario del comité de empresa del Centro de Control y Torre de Palma, reconstruye los hechos ante esta polémica. Hace tres meses la empresa expuso a los representantes de los trabajadores cómo les afectaría la remodelación del aeropuerto, «anteriormente conocida como ampliación y el mismo presupuesto» (casi 271 millones de euros), lo que supone que su centro de trabajo quedará «aislado en una zona aire», es decir reservada a aviones o vehículos autorizados a entrar en el área destinada a aeronaves. «Seremos el único centro de control que estará dentro de un aeropuerto»,, apunta.
Toledo explica que esta instalación, un edificio que data de 1989, se construyó dentro del aeropuerto cuando solo tenía una pista y con la creación de la segunda, la Sur, cercana a Can Pastilla, se quedó «en medio» de ambas. Mientras Son Sant Joan fue creciendo, sin que se viera afectado el Centro de Control. Pero ahora, con el proyecto de Aena, ya licitado, se construirá un anexo de la terminal (el módulo procesador, desde el que se distribuirán los pasajeros) con implicaciones para los trabajadores de Enaire.
«Quedamos encajonados» con los planes del gestor aeroportuario», dice otro empleado de Enaire. «Somos como el Vaticano en medio de Aena».
Cuando se produjo la privatización de Aena (el gestor aeroportuario es una compañía semipública, su principal accionista es el Estado) se «aprobó de manera verbal, no hay acuerdo escrito» que el gestor aeronáutico Enaire (de titularidad pública) siguiera en el terreno que ocupaba, aunque fuera propiedad de Aena, explica Toledo.
Reclamo al Govern
Los trabajadores reclaman una reunión con el director general de Enaire. De momento se les «niega». Consideran que se debe paralizar el proyecto de remodelar el Centro de Control, porque después se quedará «pequeño» y abordar la construcción de uno nuevo fuera de la zona aeroportuaria.
«El Govern, aunque no tenga competencias debería posicionarse», dice el sindicalista. Han tratado de reunirse con su portavoz y conseller Iago Negueruela y el titular de Movilidad, Josep Marí, sin éxito.
