La asociación de constructores de Baleares ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de las islas que suspenda cautelarmente el concurso para adjudicar la ampliación del metro hasta el Parc Bit, que debe desarrollar el Govern y financiarse con fondos europeos, alegando que el precio de los materiales que se ha estimado presenta un enorme desfase tras el encarecimiento que éstos han registrado durante los últimos meses, lo que en opinión de esta organización hace inviable que las empresas puedan presentarse al mismo sin sufrir pérdidas.

Desde esta patronal se recuerda que la Ley de Contratos exige que los costes de las materias primas salgan a concurso a los precios de actuales de mercado para garantizar el equilibrio económico de los contratos.

La citada asociación pone de relieve que el precio del acero en barra se ha encarecido un 250% respecto al valor que se ha estimado en la licitación, mientras que el acero en malla lo ha hecho en torno a un 400%, mientras que el hormigón se mueve en niveles próximos al 200%.

La patronal subraya que este proyecto supone una de las mayores obras previstas para la actual legislatura, por un importe de 20 millones de euros sin IVA, y se destaca que se trata de una inversión imprescindible para la recuperación económica que deberá devolverse a Bruselas si no se ejecuta en los plazos previstos.

La presidenta de la asociación balear de constructores, Fanny Alba, ha criticado al Govern por no revisar el proyecto para actualizar los precios, y ha puesto de relieve el riesgo de que un proyecto tan importante pueda quedar desierto al no presentarse ninguna empresa al concurso para ejecutarlo.

Se añade que la licitación se publico el 6 de abril, muy cerca de las fiestas de Semana Santa, por lo que se ha superó el plazo de 10 días para impugnarlo ante el Tribunal Administrativo Central, por lo que se ha optado por hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Por su parte, la gerente de esta patronal, Sandra Verger, ha hecho hincapié en que no se busca un enfrentamiento con la conselleria de Movilidad, sino lanzar un aviso a todas las Administraciones para que tengan en cuenta el encarecimiento de los materiales, de forma que hay predisposición a retirar el recurso contencioso-administrativo presentado ante el TSJB si los citados precios se revisan.

Verger ha lamentado que se haya tenido que llegar a este extremo, dado que el problema de la subida en el precio de los materiales ya se expuso a la presidenta Francina Armengol y al conseller de Movilidad, Josep Marí, en una reunión mantenida entre ambas partes.

Por su parte, desde el citado departamento autonómico se ha expresado su sorpresa ante el hecho de que dicha asociación haya presentado el citada recurso sin avisar previamente «teniendo en cuenta los esfuerzos hechos desde este Govern para promover cambios en los contratos públicos que permitan adaptar los precios a la situación actual», al tiempo que ha advertido de que hay que esperar a que el TSJB lo acepte. 

En cualquier caso, se ha añadido que ahora se ha abierto el plazo de licitación y habrá que ver si alguna empresa está interesada en ejecutar las obras por el precio que se ha fijado en el mencionado concurso.