Celebrar una fiesta ilegal en una vivienda de Baleares tendrá consecuencias no solo para los organizadores, también para el propietario del inmueble en el que se lleve a cabo y para los participantes.
Así lo anunció la consellera de Presidencia del Ejecutivo balear, Mercedes Garrido, quien explicó que en el próximo Consell de Govern se aprobará la modificación de la normativa de Actividades, mediante decreto ley, para poder actuar con «contundencia» contra esta problemática.
«Es un cambio adaptado a la Constitución y a los derechos básicos que tenemos los ciudadanos. Es una propuesta que todas las administraciones [Govern, Consell y ayuntamientos] compartimos. Lo que se pretende es que sea una medida disuasoria y que la gente tenga conciencia de que hacer una actividad ilegal, que tiene ánimo de lucro, tendrá consecuencias», recalcó Garrido.
En este sentido, las instituciones se mostraron «inflexibles», por lo que la nueva normativa definirá, con exactitud, qué es una fiesta ilegal, lo que permitirá identificar quién es el responsable de la misma. Pero las sanciones llegarán a todos: organizadores, propietario del inmueble, colaboradores (quienes venden entradas, hacen publicidad, proporcionan medios materiales como equipos de sonido, DJ, encargados de suministrar el catering, transporte y todos los participantes.
Las multas oscilarán entre los 100.000 y los 300.000 euros para organizadores, comercializadores y colaboradores, con el agravante de que si hay quejas vecinales, no bajarán de 150.000. También dependerá de si la vivienda está en suelo protegido o no, siendo más elevada la cuantía en el primer caso.
El propietario de la casa también se enfrenta, como mínimo, a una multa de 100.000 euros. ¿Y qué pasa si desconocía que se iba a hacer una fiesta ilegal en su propiedad? Que tendrá que demostrarlo. «Se entiende que el propietario es responsable de su vivienda. La justicia interpreta que tienes el control de lo que se hace ella», especificó Garrido. Por su parte, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, añadió una novedad más: «Si la fiesta es en una vivienda vacacional, el propietario perderá la autorización que le permite alquilar turísticamente la casa».
En cuanto a los asistentes al acto, tendrán una multa de 300 euros asegurada. Después dependerá si también han colaborado con la fiesta que, de ser así, ascenderá hasta 30.000 euros. Como última novedad, se plantea que no haga falta esperar al inicio de un expediente sancionador para que los órganos competentes puedan aplicar medidas cautelares.
El presidente del Consell de Eivissa reconoció que la idea que la institución planteó al Govern era «más ambiciosa», con medidas «más contundentes». «Queríamos que se permitiera actuar en el momento de la fiesta, pero hay cuestiones legales que no han sido incluidas en el decreto que se ha redactado», señaló Marí.
En esta línea, recordó que los agentes no pueden acceder al interior de las viviendas sin una orden judicial, lo que dificulta la identificación de las personas que están en la fiesta, aunque Garrido añadió que «en algún momento tienen que salir de ella».
