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Diario de Mallorca

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Contrato público

Dos detectives harán mil horas de servicio este verano para abortar fiestas ilegales en Ibiza

El Consell sacó en marzo a licitación el contrato, por valor de 144.000 euros, al que se han presentado cinco empresas

Foto de archivo de una fiesta en una villa de Eivissa.

El Consell de Ibiza adjudicará en las próximas semanas el servicio de detectives privados para desarticular fiestas ilegales. A la oferta, que se publicó el 18 de marzo en la Plataforma de Contratación del Estado, se han presentado un total de cinco empresas (Uriz Detectives S.L., Detectives Cabanach, Alpa-mk Asociados Iberia S.L., UTE Detectives Garbo - Intelligentia Pro Justitia S.L. y Novadect CRS S.L.) para un contrato que roza los 144.000 euros.

El objetivo es que los detectives realicen labores de investigación, seguimiento, información y documentación de viviendas donde se realicen fiestas con venta de bebidas y/o se comercialicen estancias turísticas, sin estar todas estas actividades inscritas en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

Aunque el contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de un año, contado desde la firma del mismo, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, explica que el servicio funcionará durante los meses punta del verano, julio y agosto, "que es cuando más turistas de ocio vienen a la isla".

En los pliegos del contrato el Consell especifica que el servicio tiene que contar con dos detectives que deben tener titulación universitaria en el ámbito de la investigación privada o bien el título del curso de investigación privada reconocido por el Ministerio del Interior. Además, deberán disponer de Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) en vigor y de documentación acreditativa de su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el correspondiente registro autonómico, así como aportar su currículo que avale su experiencia profesional de, al menos, tres años en el ejercicio de la profesión.

En las bases también se especifica que los dos detectives que trabajen este verano en Ibiza realizarán unos 34 servicios que, en horas, se traduce en 1.088 entre ambos, según las estimaciones del Consell. El servicio de estos profesionales ronda los 90 euros por hora.

La facturación de los servicios se efectuará en cuotas mensuales, mediante la emisión por parte de la empresa adjudicataria de una factura para cada uno de los servicios realizados, siempre tras la finalización de las investigaciones realizadas y la entrega del informe correspondiente.

A pesar de que el Consell de Ibiza no tiene competencias en materia de actividades, que son de los ayuntamientos, Juan subraya la necesidad de brindarles apoyo para acabar con la problemática. Asimismo, justifica la contratación diciendo que la institución no cuenta con recursos humanos suficientes para poder ofrecer un servicio similar.

Objetivo del contrato

El vicepresidente explica que lo que se quiere es detectar las fiestas antes de que se celebren o poder identificar a los organizadores si ya están en marcha. "Lo ideal es conseguir que las policías y la Guardia Civil desarticulen la fiesta antes de que empiece, que ya lo conseguimos en alguna ocasión el año pasado, pero, si ya ha empezado, el detective puede recabar datos que permitan hacer identificaciones de las personas que participan en la cadena. Al final parece que solo es una persona, pero en estas fiestas se lucran muchos", constata.

Cabe recordar que la prueba piloto del servicio de detectives llevada a cabo el año pasado permitió identificar a un total de 29 personas en solo diez días. "Después pasamos la información a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias, y también al Govern balear, porque en ese momento se estaban infringiendo restricciones covid", añade.

Fiestas en viviendas normales

Desde el Consell de Ibiza explican que la mayoría de las fiestas ilegales que se celebran en la isla se hacen en viviendas normales, no turísticas, incluso en locales y garajes. Según explica el vicepresidente primero, Mariano Juan, su realización conlleva multas que, como mínimo, alcanzan los 30.000 euros, siendo los ayuntamientos los que tienen la competencia de sancionar. «La gente no se la juega porque te pueden quitar la licencia turística de la casa», explica.

Según la experiencia del servicio de detectives privados del año pasado, la mayoría de fiestas de este tipo se celebran en los municipios de Sant Josep, Sant Antoni y Vila, mientras que en Santa Eulària y Sant Joan no se procedió a hacer ninguna identificación durante la prueba piloto que duró diez días.

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